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María Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Moncloa que se ocupaba de gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha pasado de testigo a ... investigada en la causa contra Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado, quien el pasado 20 de diciembre interrogó a este cargo de Presidencia como testigo, ha cambiado su condición y le acusa de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. El magistrado, que en sus autos hechos públicos este martes no explica la razón de la imputación de la asesora, la cita para interrogarla el próximo 28 de febrero.
Como primera diligencia tras la imputación de Álvarez y para tratar de amarrar la acusación de que esta asesora pagada con sueldo público en realidad se dedicaba a gestionar la carrera profesional de Gómez, Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un vasto análisis sobre todo el tráfico de llamadas de la investigada desde su nombramiento en 2018, al poco de llegar Pedro Sánchez al poder, hasta la actualidad.
El juez pide en particular conocer todo el tráfico de llamadas que tuvo con números de la Universidad Complutense, del Grupo Barrabés, del Instituto de empresa, del África Center y de varias empresas que colaboraron con la cátedra tales como Google, Manpower, Arsys, Telefónica, Fundación Caixa y Reale.
El nombre de Álvarez saltó a los medios el pasado 14 de noviembre al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional.
En esos mails se evidenciaba que Begoña Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de este año a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que Álvarez era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras con este programa docente o que fue la responsable directa de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid (IFEMA) por encargo de la mujer de Sánchez.
La situación de Álvarez se volvió más delicada aún el pasado 25 de noviembre cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó a la causa varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software. Pero esos correos los que realmente constataron que fue la alto cargo de Moncloa la que se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra de la mujer del expresidente, que este viernes, no obstante, negó.
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