La juez congela el pago de los tres millones que el Montepío reclama a Instituto del Carbón

La juez del 'caso Villa', la magistrada María Begoña Fernández Fernández, aprobó el pasado martes varias de las peticiones del escrito de la Fiscalía Especial Anticorrupción, entre los que destaca la paralización del pago de los tres millones de euros que el Montepío de la Minería reclama al Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM) para completar el abono del coste subvencionado de la Residencia de la Minería de Felechosa.

En este caso, el Montepío de la Minería figura como denunciante, toda vez que la posible responsabilidad patrimonial de un fallo condenatorio podría recaer sobre el expresidente del propio Montepío, José Antonio Postigo, al que denuncia por la inflación de los costes de las obras que Postigo habría pactado con la principal concesionaria de las obras, la empresa de su amigo Juan Antonio Fernández, la constructora Alcedo de los Caballeros.

El coste de la residencia se estimó cuando se puso en marcha el diseño del proyecto en unos 19 o 20 millones de euros, e incluso hubo ofertas de otras constructoras por un coste inferior. Sin embargo, la ejecución acabó en manos de Alcedo de los Caballeros, que subrogó buena parte de los capítulos constructivos y que acabó llevando el coste de la obra hasta los 31 millones de euros. De esta cuantía, el IRCM subvencionó la práctica totalidad, pero aún quedaban por abonar unos tres millones de euros que, por el momento, y en pro de la prejucialidad penal, tal como consta en el informe del Abogado del Estado Jefe del 24 de noviembre del año pasado, queda ahora paralizada.

Por otra parte, la magistrada María Begoña Fernández reclama también que se pida a la FiscalíaSuperior del Principado que certifique si llegó o no a remitir a la Fiscalía Anticorrupción el escrito de la abogada del exlider del SOMA, José Ángel Fernández Villa, Ana García Boto, el 18 de noviembre de 2015. Esta diligencia se erclama porque dicho documento fue adjuntado por la abogada en uno de sus escritos que obran en el procedimineto, pero la Fiscalía Anticorrupción no ha recibido dicho documento.

También reclama la jueza Fernández Fernández que se pida a la Delegación Especial de Asturias de la Agencia Tributaria que remita copias íntegras de los procedimientos de inspección tributaria que en su momento se le abrieron a José Antonio Postigo en referencia a los ejercicios económicos de los años 2007 a 2010 y de 2012, último año en el que Postigo estuvo al frente del Montepío de la Minería.

En aquellos años, al margen de las actuaciones presuntamente irregulares que Postigo habría encabezado en relación con la construcción de la Residencia de la Minería, que aparece como la parte del león del proceso, también se le investiga por diversas actuaciones presuntamente ilegales en relación con las instalaciones turísticas que el Montepío tiene en Salamanca y Murcia y en las que estaría implicada su entonces pareja, Dorina Bicher.

De hecho, la jueza reclama a la Junta General del Principado que remita al juzgado copias certificadas de las comparecencias de ambos ante la comisión de investigación que el Parlamento asturiano organizó en noviembre de 2014 sobre la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa.

Junto a las de Bicher y Postigo, la jueza reclama las declaraciones de la esposa de Villa, María Jesús Iglesias García, y las de sus hijos, Rolando y Ángela. También la de la hija de Postigo, Patricia Postigo. Tanto Patricia como Rolando fueron contratados por el Montepío durante el mandato de José Antonio Postigo. El hijo de Villa, como gerente de la Residencia de la Minería, y a Patricia, que regularizó 50.000 euros durante la amnistía fiscal del ministro Montoro, como administrativa.