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MIGUEL ÁNGEL ALFONSO
MADRID.
Viernes, 25 de septiembre 2020, 02:45
La tormenta desatada por la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que se celebrará hoy a mediodía en Barcelona, no tiene visos de amainar tras ser recibida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ... como un desaire por parte del Gobierno y provocar una rebelión en el seno de la judicatura.
La Comisión Permanente del órgano, cuya renovación de sus miembros lleva bloqueada desde hace dos años, acordó ayer en una reunión que su presidente, Carlos Lesmes, incluya en su discurso una «respuesta institucional» mostrando la «preocupación» por la exclusión del jefe del Estado, que faltará al acto solemne por primera vez desde su coronación, en junio de 2014. Sus palabras servirán para fijar la posición oficial de la institución respecto a la polémica.
La decisión del Gobierno, además de poner en pie de guerra a varias asociaciones judiciales y al Partido Popular, ha levantado ampollas en el sector conservador del CGPJ. Seis de los veinte vocales del órgano -Juan Martínez, Juan Manuel Fernández, María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Gerardo Martínez y Nuria Díaz- emitieron un comunicado en el que «lamentan profundamente» no contar en el acto con la presencia de Felipe VI.
En el texto recuerdan que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey», por lo que defienden que la ceremonia debería ser presidida por el Monarca. «La presencia del Rey en los referidos actos no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles, sino que es el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho, en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones», subrayan.
Desde el Ejecutivo, en cambio, siguen sin ofrecer explicaciones concretas sobre la decisión y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se vio obligado a salir a defender la exclusión del Rey del acto solemne justificando que detrás de ella hay «todo un paquete de razones». Acabó insinuando, eso sí, que realmente obedece a motivos de seguridad. «Hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la Monarquía lo es», afirmó en la Ser, antes de coincidir con el monarca en un acto celebrado ayer en el Tribunal de Cuentas.
El titular de Justicia se refería a la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Un fallo que preocupa especialmente al Ejecutivo, que intenta atar el apoyo de ERC y otras fuerzas soberanistas a los Presupuestos de 2021, y teme que se pueda reeditar una oleada de protestas como las vividas hace justo un año tras la sentencia a los políticos independentistas juzgados por el referéndum del 1-O.
Este extremo lo acabó corroborando horas más tarde el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, al sugerir en TVE que la presencia del Rey en Cataluña en estos momentos «quizá no era la mejor opción». Sobre los motivos que justifican la falta de asistencia, apuntó a que «solo los puede decir el Gobierno», pero que se le ocurre que «quizás alguien pensó que ir a un acto de un componente judicial muy importante la semana que quizás se hacía pública la sentencia que puede afectar al presidente de la Generalitat no era la mejor opción».
Con independencia de la justificación, lo cierto es que el miércoles se conoció que el CGPJ había cursado una invitación al Monarca para presidir el acto, como es tradicional, y que Zarzuela la aceptó en un primer momento para declinarla posteriormente. Desde el Gobierno, a quien corresponde según la Constitución refrendar la agenda de la Casa Real, no aclararon quién tomó la decisión, tan solo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respondió con un escueto «quien corresponde».
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