Los jueces y empresarios asturianos alertan de los efectos del pacto con Junts y el PNV

Para el TSJA, dichas comisiones «suponen, en la práctica, someter a la revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y la consecuente quiebra de la separación de poderes». En este aspecto, se remitió al artículo 117.1 de la Constitución, en el que se establece que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley».

Añadió que «estas expresiones ('lawfare' o judicialización de la política), en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial no son aceptables». «El Poder Judicial en España -continuó- es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».

No fueron los únicos que se manifestaron al respecto. También lo hizo la Federación de Empresarios de Asturias (Fade), con declaraciones de su presidenta, María Calvo, quien ya en las últimas semanas ha venido advirtiendo de los perjuicios del acuerdo. También a través de un comunicado, al igual que el TSJA, Calvo expresó ayer su «preocupación por las importantes y graves consecuencias económicas que acarrearán para Asturias los pactos con Junts y PNV». Cabe recordar que el pacto con el PNV incluye el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco.

Tras insistir en que «la cohesión territorial y la igualdad de territorios no pueden negociarse», apuntó que «la inversión en las distintas comunidades debe basarse en estos principios, no en cesiones por la presión que ejerzan determinados partidos».

Su posición es clara: «Los pactos serán negativos y graves para Asturias, porque los recursos son limitados. Y eso perjudicaría, sin duda, nuestro desarrollo económico y el empleo». Como ha hecho en otras muchas ocasiones previas, la presidenta de Fade recalcó que «las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica para llevar a cabo nuestra actividad».

Quiso concluir sus declaraciones advirtiendo de que «la quita de la deuda acordada con Junts, además de una desigualdad entre territorios y jurídica, no sale gratis: deberá ser cubierta bien por inequidades regionales, bien por más deuda e impuestos».

El despacho de abogados Ontier, con sede en Oviedo, también quiso trasladar públicamente su «rechazo a los ataques contra los pilares del Estado de Derecho incluidos en los acuerdos de investidura, como la concesión de la amnistía a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017 o la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional».

Tal y como señaló, la constitución de dichas comisiones «supone un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes». Aprovechó también el envío de su propio comunicado para poner de manifiesto «su firme compromiso con la Constitución, base de la convivencia democrática». Y culminó diciendo que «la libertad, la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos no serían posibles sin el ejercicio independiente de su función de jueces y magistrados y la defensa del interés general de los servidores públicos». El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se sumó apunando su «oposición a la cesión total de los tributos que en dicho acuerdo propone Junts». Y la asociación Defensa d de la Abogacía tachó de «ofensa» el contenido del pacto.