Un distanciamiento paulatino entre hijo y padre a lo largo de seis años

Un distanciamiento paulatino que casa mal con la versión oficial de que Felipe VI nunca estuvo al tanto de los negocios privados de su progenitor como subrayó la Zarzuela en el comunicado del 15 de marzo pasado.

Juan Carlos de Borbón después de dejar el trono siguió, por decisión de Felipe VI, formando parte de la reducida Casa del Rey, al igual que doña Sofía. Centró su actividad en tareas protocolarias en representación de la Corona. A pesar de sus evidentes problemas de movilidad por los daños en las caderas, Juan Carlos de Borbón, desde junio de 2014 hasta su retirada de la vida pública en igual mes de 2019, participó en 120 actos oficiales y pronunció 30 discursos.

Además fue el representante del jefe del Estado en nueve viajes internacionales, la mayoría a países latinoamericanos. Entre ellos la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en septiembre de 2016, y los funerales por Fidel Castro en noviembre de ese mismo año en Cuba.

Pero esa aparente normalidad se vio truncada por un fuerte encontronazo a raíz de la sorprendente exclusión de Juan Carlos de Borbón de los actos conmemorativos de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. La Zarzuela responsabilizó al Congreso, como responsable del protocolo de aquella efeméride el 15 de junio de 2017, pero el rey emérito no ocultó su disgusto. «Se ha excluido a quien condujo el camión de la Transición. Hasta han invitado a las nietas de 'La Pasionaria'», se quejó a través de anónimos portavoces de su entorno. El choque intentó ser reparado en la celebración de los 40 años de aprobación de la Constitución en diciembre del año siguiente, cuando ocupó, junto a la reina Sofía, un lugar preeminente en el Congreso para escuchar el discurso de su hijo.

Su actividad institucional, sin embargo, menguaba mes a mes. Eran más noticia los viajes privados con sus amigos a navegar o a sentarse en torno a una buena mesa que su presencia en actos oficiales.

Hasta el 27 de mayo de 2019. Ese día, la Casa del Rey anunció que Juan Carlos de Borbón se retiraba a partir del 2 de junio de «la vida pública por completo». Se jubilaba cinco años después de la abdicación.

Una carta desde Londres

Entre bambalinas, sin embargo, los movimientos eran intensos y explican mejor la retirada. El 5 de marzo del año pasado, se recibía en la Zarzuela una carta del despacho de abogados británico Kobre and Kim en la que se informaba que Felipe VI era beneficiario de la Fundación Lucum a la muerte del exjefe del Estado. Esa entidad era titular de cuentas del rey emérito en paraísos fiscales, como pudo constatar el fiscal suizo Yves Bertossa en la investigación que abrió hace dos años tras el registro del despacho del gestor de fondos Arturo Fasana. Felipe VI aguardó dos semanas para informar de la carta al Gobierno. El jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, se puso en contacto con la vicepresidenta Carmen Calvo y acordaron que la Moncloa y la Zarzuela trabajaran juntas para afrontar el terremoto.

El 12 de abril el Rey renunció ante notario a la herencia que pudiera corresponderle a la muerte de su padre y solicitó a su progenitor que «si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación». Mes y medio después, la Zarzuela, sin vincular los acontecimientos, anunció la «firme y meditada» decisión de Juan Carlos de Borbón de retirarse de la vida pública.

La Casa del Rey no informó de la recepción de la carta del bufete londinense y sus movimientos posteriores hasta el 15 de marzo pasado, el primer día del estad de alarma. Hizo falta que saltaran a los medios de comunicación las informaciones sobre la Fundación Lucum, y también sobre la Fundación Zagatka, y las cuentas en Suiza.

El comunicado, además, incorporó un nuevo gesto de repudio, la retirada de la asignación anual de 194.000 euros anuales al rey emérito. Un dato que ponía en evidencia que Juan Carlos de Borbón siguió cobrando del erario público en el año transcurrido desde la carta de los abogados británicos hasta el comunicado del 15 de marzo pasado.