La Junta aprueba devolver a los funcionarios la jornada de 35 horas

No es fácil ver en el panel de votaciones de la Junta General todo luces verdes. Pero ayer ocurrió en el Parlamento asturiano. Los funcionarios públicos consiguieron que todos los grupos se pongan de acuerdo en algo. Y así, por unanimidad, los 43 diputados que asistieron al pleno extraordinario aprobaron la Ley de Función Pública del Principado, que como principal medida incluye la recuperación de la jornada de 35 horas para los empleados de la Administración regional a partir del próximo 1 de enero de 2019. Eso sí, siempre y cuando la legislación nacional lo permita, algo que a día de hoy lo impide.

La ley que ayer fue aprobada en el Parlamento asturiano incluye también la actualización de los salarios de los empleados públicos del Principado. De esta forma, verán aumentado su sueldo en un 1,5% en el primer semestre del año -es con carácter retroactivo- y 1,75% en el segundo. La subida será efectiva en las nóminas de septiembre.

La principal novedad de la Ley de Función Pública es la enmienda de adición presentada por el PSOE, y aprobada por unanimidad, que incluye fijar la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios. Supondría recuperar tres horas, puesto que la actual legislación elevó a 37,5 horas la jornada de los funcionarios públicos.

La recuperación de la jornada de 35 horas, sin embargo, está condicionada a que el Gobierno central acometa las reformas necesarias del marco legal que ahora impiden una rebaja en el periodo laboral de los trabajadores públicos. Cabe recordar que, debido a la ley que en su día aprobó el Estado y que fijó la jornada en las 37,5 horas, hubo sentencias que anularon las decisiones adoptadas por gobiernos autonómicos como el del País Vasco, que contemplaban devolver a sus funcionarios la jornada de 35 horas. Y es por ello por lo que la enmienda aprobada ayer en la Junta General solo contemplaría esta recuperación de horarios a partir de enero del próximo año si se cambia la legislación nacional.

La Ley de Función Pública aprobada ayer contempla también la máxima subida salarial permitida por el Gobierno central para los empleados públicos: un 1,50% el primer semestre y un 1,75 el segundo. Es decir, una subida media anual del 1,62%, lo que tendrá un coste de 32 millones de euros para este año.

El resto de medidas incluidas en este proyecto van dirigidas a impulsar la carrera profesional entre interinos y a crear 103 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). De esta forma, el gasto del Principado incluido en la ley ayer aprobada se elevará en unos 53 millones de euros en 2019.