Predomina en el Gobierno asturiano una sensación de cautela ante los planes del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente, Javier Fernández, abogó ayer por dar un «margen de confianza» al nuevo inquilino de la Moncloa, aunque en el seno ... del gabinete regional se es consciente de que hay asuntos delicados sobre la mesa susceptibles de generar polémica. La política energética es uno de ellos, sobre todo a partir de los postulados que sobre el carbón mantiene la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero «una cosa son las opiniones» que hasta la fecha ha venido defendiendo la ministra, razonó Fernández en el pleno de la Junta General, «y otra las decisiones» que en la materia vaya a adoptar el Gobierno, asumiendo que la energía es «un asunto de Estado» que compete al conjunto del gabinete. El presidente confía en que no se vaya a un proceso de descarbonización 'exprés' y si bien ofreció «lealtad y cooperación» a Sánchez, también dejó muy claro que será firme en la defensa de los «intereses generales» de la comunidad.
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El relevo al frente del Gobierno central monopolizó el habitual turno de preguntas al presidente que cada dos semanas celebra la Junta General. Todos los grupos emplazaron a Fernández a posicionarse sobre el impacto que el aterrizaje de Sánchez en la Moncloa y las políticas que desde allí pueda aplicar vaya a tener sobre Asturias. La situación de las centrales térmicas, la financiación autonómica o las infraestructuras centran la preocupación.
De «malos presagios» habló la presidenta del PP, Mercedes Fernández. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, urgió un acuerdo estratégico en materia de energía en Asturias para discutir con Madrid desde una posición de fuerza. La líder de Foro, Cristina Coto, habló del discurso «fundamentalista de la descarbonización» de la ministra Ribera. Nicanor García, de Ciudadanos, alertó del riesgo de un cierre de las térmicas muy anterior a lo teóricamente previsto. Y Emilio León, de Podemos, apuntó a las contradicciones que deberá afrontar un Gobierno central que calificó como «escaparate para una campaña electoral» cuando toque aplicar los ajustes económicos que pide la UE.
En sus réplicas, Fernández manejó un doble argumento. Por un lado, la conveniencia de esperar y ver cuáles son los planes reales del Ejecutivo de Sánchez. Por otro, la firmeza en la defensa de los intereses de la comunidad en caso de que las propuestas que lleguen desde Madrid sean contrarias a los mismos. «Cooperación y lealtad» por parte de Asturias, anotó, pero también «reciprocidad» desde Madrid.
Remarcó el presidente asturiano la validez del discurso esgrimido en los últimos meses, contrario a un proceso 'exprés' de descarbonización que aboque a un cierre precipitado de las centrales térmicas. «Una cosa son las opiniones y otra las decisiones, y a mí lo que me importa son las decisiones», dijo en referencia a los planteamientos teóricos de la ministra de Transición Ecológica y a las medidas prácticas que pueda impulsar el Ejecutivo central. Sus palabras, en el pleno de la Junta General, fueron previas a una intervención posterior de Teresa Ribera en la que recalcó que el carbón «no tiene futuro».
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Pese a las tiranteces, Fernández confía en «sintonizar» con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos capitales para Asturias. Sería el caso de la financiación autonómica, de ahí que el presidente del Principado exigiera una convocatoria del Consejo de Política Fiscal para conocer los planes del Ministerio de Hacienda e intentar «encauzar» una reforma, aun sin la certeza de que pueda llevarse a término esta legislatura. En el capítulo de infraestructuras, apremió a evitar nuevos retrasos sobre los ya acumulados, sobre todo en el AVE.
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