Industria y fondos europeos enfrentan a los partidos tras un año de Gobierno

El respaldo a la labor que ha venido desarrollando el Gobierno llega de sus propios diputados. La socialista María Luisa Carcedo y la integrante de Unidas Podemos Sofía Castañón defienden el manejo que el Ejecutivo ha hecho de un año en el que se han logrado sacar adelante cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Eutanasia, «medidas estructurales que por sí solas justifican una legislatura», defiende María Luisa Carcedo.

La estrategia seguida con los ERTE y el refuerzo de los servicios públicos son otras dos cuestiones en las que pone el foco Sofía Castañón, quien recuerda el contexto de pandemia en el que se ha tenido que desarrollar este primer año de Gobierno.

Desde la oposición, la visión es muy diferente. La diputada nacional del PP, Paloma Gázquez cree que España ha tenido «el peor Gobierno en el peor momento posible», una opinión que comparte el diputado de Vox, José María Figaredo. «Ha sido un primer año nefasto, el Gobierno ha mostrado su cara más totalitaria», sostiene. Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro, abunda en la crítica. «Con Sánchez al frente del Gobierno se han agudizado todos los grandes problemas de Asturias».

Donde la percepción de unos y otros es también divergente es en el estado de la industria de la región. El proceso de descarbonización emprendido por el Gobierno pone en jaque al sector en Asturias, que reclama un ritmo más lento y medidas de acompañamiento. María Luisa Carcedo sostiene que el Ejecutivo está siendo sensible a estas necesidades y que ya se han dado avances en el objetivo de que la transición sea «justa». «Un ejemplo son los fondos destinados a los convenios financiados con ayudas del Instituto para la Transición Justa, que ya se han comenzado a firmar». Sofía Castañón defiende que este proceso se desarrolla con garantías y señala la necesidad de «invertir en las comarcas mineras generando empleo verde».

La planificación del Gobierno no convence en cambio a Paloma Gázquez, quien denuncia que las cosas se han hecho mal desde el inicio del proceso. «Primero se tomaron las decisiones drásticas y ahora se buscan las soluciones. Hemos corrido más que toda Europa en el proceso de descarbonización sin energías de resguardo alternativas», señala. El hecho de que países como Alemania sigan explotando combustibles fósiles mientras en España se paga un gran diferencial en el precio eléctrico lleva a que las industrias asturianas «no puedan competir en igualdad de condiciones en un mercado global».

Tampoco a José María Figaredo le parece adecuada la política industrial y energética del Gobierno. «Los asturianos verán en breve a la industria disolverse. Con el estatuto de las electrointensivas que el gobierno acaba de aprobar, la industria asturiana está sentenciada». Por su parte, Isidro Martínez Oblanca denuncia los «incumplimientos» del Ejecutivo, tales como el propio estatuto de las electrointensivas.

Los problemas derivados de la descarbonización contaban antes de la pandemia con fondos europeos cuya gestión ha ido desarrollándose durante los últimos años. La llegada de la covid y la súbita crisis económica que ha provocado llevó a la UE a poner además un potente fondo sobre la mesa que debe contribuir a la modernización del tejido productivo de la región. Pero, para que eso se produzca, antes debe llegar el dinero, un proceso que causa recelos e inquietud en la derecha, que echa mano de los «precedentes». «Tampoco esperamos del presidente,AdriánBarbón, que le plante cara a sus compañeros y amigos de Madrid», señala Gázquez. Por su parte, José María Figaredo apunta a los compromisos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como gran condicionante del reparto.«Los fondos probablemente se destinen a financiar el clientelismo del Sánchez e Iglesias». Oblanca reclama en este sentido una «autoridad independiente que vele por un reparto de los fondos con criterios de equidad, en lugar de 'a la carta', que es lo que va a perpetrar el Gobierno».

María Luisa Carcedo defiende en cambio la buena posición en la que se encuentra Asturias, con«una base institucional y un sistema productivo que le permitirán aprovecharlos» y un presidente que «está dando los pasos adecuados». Sofía Castañón, por su parte, sostiene que es necesario realizar una inversión«consciente de nuestra realidad» y que su formación cumplirá con su «responsabilidad en la defensa de las necesidades de Asturias y en la garantía de un buen uso» de los fondos.