El 'caso Hulla': un sobrecoste de 18 millones y tres años de instrucción

No hay un periodo de tiempo máximo para esta prórroga de gracia, pero son varias las partes personadas en esta causa que llevan tiempo reprochando su excesiva dilatación y esperan que no se prolongue mucho más en el tiempo. Queda por saber también si se ha visto afectada en la práctica por el estado de alarma, lo que permitiría a la juez instructora sumar casi cien días más.

El proceso judicial arrancó con la detención en junio de 2017 del ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa; su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; su arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández.

De esta forma, los investigadores que habían comenzado las pesquisas en relación a la regularización de la fortuna oculta de Villa y Postigo pusieron el foco en la residencia geriátrica financiada con fondos mineros. Una batería de informes de la Guardia Civil advertían de irregularidades tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar la obra, como en las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también en el sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y en los sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».

Un cóctel de presuntos delitos que van desde blanqueo de capital, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos que salpicó en un primer momento a las familias de los principales investigados, a cuyo nombre se regularizó buena parte del dinero supuestamente ilícito. Se trata de la esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Ángela Fernández y Rolando Fernández; pero también la familia de Postigo, sus hijas, Elena y Patricia; su exmujer, Elena Pérez, y su actual pareja sentimental, Dorina Bicher. También desde un principio, aunque con un papel más secundario, están siendo investigados el aparejador de la obra, Vicente Fernández; el asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y uno de los proveedores, Jorge González. Igualmente, en una línea de investigación paralela, se imputó a Rodina Daniela Timis por las supuestas ilegalidades relacionadas con los contratos de limpieza realizados por el Montepío en favor de empresas vinculadas con Postigo.

Tras varias oleadas de diligencias y declaraciones de testigos e investigados, la magistrada sumó a la lista al socio y a la mujer del constructor, Juan Carlos Riera y Rocío San José. La última línea de investigación abierta guarda relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se pudieron cometer en el Ayuntamiento de Aller. La jueza llamó a declarar como imputado al anterior alcalde, David Moreno Bobela, y a quien ocupaba este cargo en el momento de los hechos, Gabriel Pérez Villalta, así como al resto de la Corporación que aprobó en 2008, por unanimidad, la compra y cesión de los terrenos al Montepío. Esto incluye aJuan Sutil, María del Pilar Freije, Juan Antonio del Peño, María Elena Ordóñez, Ramón Francisco Velasco, José Francisco Azaustre, Alfredo González Arango, José Manuel Díez Trapiello, María Eugenia Díaz Ordóñez, Eloína Beatriz Espinedo, Alberto Fernández Iglesias, María Esther Martínez, Carlota Pérez González, Santos Luciano Fernández y María Teresa Mallada.

Sin embargo, la condición de aforada de esta última, ahora portavoz y diputada del PP en la Junta, motivó que este último bloque relacionado con temas urbanísticos fuera trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), donde se está instruyendo como una pieza paralela.