El 'caso Hulla' se retoma hoy con la declaración de una veintena de testigos

La magistrada atiende así el requerimiento de los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa Fuente y Carmen María García Cerdá, quienes habían solicitado al juzgado estas pruebas periciales para tratar de aportar luz al presunto caso de corrupción vinculado a la subvención y construcción de la residencia de Felechosa por parte del Montepío de la Minería, con cargo a fondos mineros. El ministerio público también reclamó una batería de documentación y una serie de medidas cautelares, todas ellas asumidas también por el Juzgado de Instrucción. Entre otras, la prohibición a la mutua de disponer de la propiedad de la citada residencia de mayores y la notificación al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Energía, para que «valore la eventual suspensión» del expediente abierto para el reintegro de los 3,3 millones pendientes de pago a la mutua. Si bien es cierto que el Gobierno central no está por la labor de abonar tal cuantía, sino que reclama al Montepío 425.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción, que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó la presunta trama a raíz de la regularización de 1,2 millones de euros por parte de Fernández Villa, vuelve así a demostrar que lleva la iniciativa en este caso, en el que ya hay dieciséis personas investigadas. Destaca, según la investigación, el papel fundamental tanto de Villa, como de su mano derecha, el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, cuyos núcleos familiares llegaron a regularizar más de 1,6 millones de euros de dudosa procedencia en la amnistía fiscal, aunque los investigadores les atribuyen un enriquecimiento mucho mayor. El grueso de este montante procedería, según los informes de la UCO de la Guardia, tanto de la subvención de fondos mineros para la construcción de la citada residencia, como de los propios trabajos, puesto que existen numerosas irregularidades en su adjudicación y en la ejecución.

También ocupan papeles fundamentales en la presunta trama de corrupción el empresario Juan Antonio Fernández, propietario de la empresa Alcedo de los Caballeros; el arquitecto Manuel Sastre y el entonces asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, quien aconsejó tanto a Villa como a Postigo que se acogieran a la amnistía fiscal e, incluso, según la investigación, les guardó el dinero en una caja fuerte.

En total hay dieciséis investigados y todos ellos, a excepción de Rodica Daniela Timis -adjudicataria del servicio de limpieza del residencial del Montepío en Los Alcázares (Murcia)- declararon en sede judicial a finales de mayo y principios de junio, cuando se desató la operación. Entonces, los principales acusados fueron detenidos en sus respectivos domicilios y llegaron incluso a pasar dos noches en el calabozo -a excepción de Villa, por sus condiciones de salud- antes de quedar en libertad con cargos. Mañana estaba llamada a declarar Rodica Daniela Timis, aunque ha solicitado la suspensión de la citación por encontrase fuera de España.

El resto de las declaraciones corresponden a testigos, como es el caso de los dos hermanos que conserva José Ángel Fernández Villa (Asunción y Hermógenes), así como antiguos dirigentes del Montepío (Alfredo Álvarez Espina, expresidente de la mutua y Salvador González Fernández, exvicepresidente), además de representantes de empresas proveedoras de la mutua. También está previsto que declaren como peritos Antonio Ricardo Merino Díaz, interventor delegado del Instituto del Carbón, o dos responsables de la Delegación Asturiana de AEAT. Previamente se procederá al desprecinto, apertura y foliado de la documentación incautada en los registros practicados en mayo.