Quién es quién en el 'caso Hulla'

El 'caso Hulla' sigue creciendo y ya son 20 los investigados por la presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller. Aunque en un primer momento las miradas de los investigadores se centraron en José Ángel Fernández Villa, líder durante décadas de SOMA-UGT y José Antonio Postigo, presidente y cabeza visible del Montepío de la Minería, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en conjunción con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado ahora las miras y tanto el Ayuntamiento de Aller como el Instituto del Carbón se encuentran bajo el punto de mira. El objetivo, ir más allá del presunto desvío de fondos públicos y conocer si hubo irregularidades en la concesión de la subvención y la licencia de construcción.

Los últimos interrogatorios de la UCO, que tuvieron lugar durante los meses de septiembre y octubre, abrieron estas nuevas líneas de investigación y dieron argumentos suficientes a la Fiscalía como para solicitar la comparecencia en sede judicial de 25 personas. 15 de ellos en calidad de testigos, otros seis para aportar sus informes periciales y cuatro como investigados. Entre estos últimos destacan David Moreno Bobela y Gabriel Pérez Villalta, alcalde y exalcalde de Aller, que tendrán que dar explicaciones ante la jueza por las presuntas irregularidades que se permitieron desde el Consistorio para dar luz verde a la construcción del geriátrico. Según investiga la Fiscalía, la obra comenzó antes de que se concediera el permiso. Este, además, llegó pese al informe negativo de los técnicos del Ayuntamiento.

Los otros dos nuevos investigados tienen relación directa con Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros. El primero, Juan Carlos Riera Blanco, fue socio directo de Fernández en la empresa. Según apunta la Fiscalía en su escrito, pese a que «no consta la intervención» de Riera en las obras, su presunta actividad estuvo vinculada a actuar «como testaferro de terceros participantes en la obtención de la subvención y posterior adjudicación». En la instrucción del caso también queda reflejado que Riera se acogió a la amnistía fiscal de 2012 -al igual que Villa y Postigo- para regularizar una cantidad de 360.000 euros. Se trata de dilucidar ahora el origen de este dinero. Por otra parte, la esposa de Fernández, Rocío San José, también figura como investigada por su presunta «participación en el concierto y actuaciones dirigidas al desvío de fondos de las cuentas del Montepío» a través de facturación falsa emitida por dos mercantiles.

Los demás investigados se encuentran englobados en tres grandes grupos. El primero, el entorno familiar de Villa y Postigo, investigado por su presunta participación a la hora de ocultar los fondos regularizados durante la amnistía fiscal. En el caso del exdirigente del SOMA-UGT fueron 1,2 millones de euros repartidos entre cuatro cuentas bancarias a nombre de su esposa, María Jesús Iglesias, y de sus hijos, Ángela Fernández y Rolando Fernández. En el caso de Postigo, están acusados de blanqueo de capital sus hijas, Elena y Patricia, su exmujer, Elena Pérez, y su actual pareja sentimental, Dorina Bicher. Esta última sería la encargada de contratar a una presunta testaferro, Rodica Daniela Timis, para llevar a cabo un servicio de limpieza «ficticio» en el complejo residencial que el Montepío tiene en Murcia.

Después, vinculados al Montepío de la Minería, también figuran como investigados Rafael Virgós y José Manuel Fernández, ambos asesores fiscales de la mutualidad. Este último fue el que recomendó a Villa y Postigo acogerse a la amnistía fiscal. Por último, también están investigados en la causa tres personas que fueron empleadas durante la construcción del geriátrico: el proveedor Jorge González Muñiz, el aparejador Vicente Fernández y el arquitecto principal de la obra, Manuel Sastre. Con la apertura de nuevas vías de investigación -concesión y supervisión de los fondos públicos- y la presumible ampliación del plazo de instrucción, no se descarta que la Fiscalía llame a declarar a más investigados en el futuro.