Griñán confía en el nuevo Constitucional progresista

El análisis del Gobierno se basa en la propia estrategia ya desvelada por el abogado de Griñán. José María Calero ha anunciado que piensa poner toda la carne en el asador para intentar salvar a su cliente de la cárcel. El primer paso será presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo en cuanto este publique el fallo. Pero en medios judiciales ya avisan de que es harto improbable que el tribunal acepte rectificarse a sí mismo, admitir que ha violado derechos fundamentales o que ha incurrido en una serie de defectos formales que causen indefensión.

En realidad, el incidente de nulidad será solo un trámite para agotar las vías ordinarias y poder recurrir en amparo al Constitucional. En ese momento, Griñán podrá pedir a la corte de garantías que, además de admitir su amparo, suspenda de forma cautelar su ingreso en prisión a la espera de resolver el recurso. Esa petición, según los cálculos se hacen en diversos medios judiciales, se podría producir ya bien entrado el otoño, dado que el Supremo suele tomarse unas semanas para resolver los incidentes. Y luego, además, la defensa tiene 30 días para dirigirse al Constitucional.

Los plazos no son baladíes en este caso. Para ese momento, con toda probabilidad, en el Constitucional habrá una mayoría progresista de siete vocales frente a cinco (o a cuatro si en ese momento todavía no ha sido sustituido por el Senado el magistrado Alfredo Montoya, que esta semana presentó su renuncia por motivos de salud).

Y es que el Gobierno, han vuelto a insistir en las últimas horas fuentes del Ejecutivo, va a nombra sí o sí este septiembre a los dos vocales del TC cuyos mandatos expiraron en junio. Esos dos nuevos vocales se sumarán a los otros dos que antes del 13 de septiembre debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial tras la reforma exprés promovida por el Gobierno.

En diferentes círculos políticos se apunta al deseo del Gobierno de que la presidencia del Constitucional recaiga en Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero. En el PSOE también verían con buenos ojos la entrada en el Constitucional de otro peso pesado de la magistratura progresista y muy mal visto por el centroderecha, el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

Sin embargo, y a pesar de la hipotética presidencia de Conde Pumpido y de la segura mayoría progresista, José Antonio Griñán lo tendrá difícil. Es cierto que el expresidente tiene un importante punto a favor y es que una suspensión de condena solo puede ser decidida por el TC siempre que ello «no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona». Y en este caso no hay un perjudicado físico.

El gran escollo para los intereses de Griñán es que la jurisprudencia de la corte de garantías apunta a que, por lo general, no accede a suspender la entrada en prisión cuando la pena supera los cinco años de cárcel, «que es la que le sirve al legislador penal para diferenciar entre las penas graves y las menos graves», según las propias resoluciones del Constitucional. No obstante, explican desde la propia corte, para valorar la posible postergación del ingreso en la cárcel hay otros factores además de la envergadura de la pena, como la gravedad y naturaleza de los hechos condenados, su transcendencia social, el tiempo de condena por cumplir o el riesgo de fuga.

El contenido de los dos votos particulares de la sentencia del Supremo, firmados por las magistradas progresistas Ana Ferrer García y Susana Polo y en los que van a defender que el expresidente andaluz tenía que haber sido absuelto del delito de malversación, también serán claves para tratar de convencer al nuevo Constitucional de que incluya el caso de Griñán entre los poquísimos expedientes en los que ha concedido la suspensión de condena a un reo con más de cinco años de pena.