El Gobierno supera otra jornada frenética en el Congreso pero encaja un gol del PP con Junts y PNV

Junts no llegó a apoyar todas las enmiendas que el PP había introducido en el paquete fiscal a su paso por la Cámara alta, como en algún momento especularon los populares, pero sí, junto al PNV, una que a estas alturas tiene una escasa relevancia práctica pero posee una sustancial carga simbólica: la derogación del impuesto a las energéticas. Su aprobación por 183 votos a favor, siete por encima de la mayoría abso luta, evidencia, una vez más, que la mayoría de la investidura es difícil de preservar en determinadas materias con carga ideológica y que hay margen para una alternativa muy amplia de centroderecha, aunque sea solo para cuestiones muy concretas. Un instrumento que el PP tratará de explotar.

La continuidad o no de ese gravamen ya fue el principal caballo de batalla de los socios del Gobierno situados a la izquierda y estuvo a punto de hacer naufragar la reforma fiscal el mes pasado. La ley, clave para recibir en torno a 7.000 millones de euros de la quinta entrega de fondos europeos, salió finalmente del Congreso sin impuesto a las energéticas por la oposición de peneuvistas y posconvergentes. Pero antes de claudicar y apoyar la reforma pese a esa carencia, EH-Bildu y ERC exigieron al Ejecutivo aprobar un decreto ley que prorrogara el impuesto vigente antes de que acabara el año.

Que sin el apoyo del PNV y Junts sería imposible convalidar esa iniciativa, y por lo tanto, el impuesto a las energéticas desaparecería igualmente, era algo que tanto Bildu como Esquerra sabían, pero a ambos les interesaba tener, de cara a su electorado, una votación específica sobre la cuestión para «retratar» a quienes son sus rivales en el País Vaso y Cataluña. La enmienda del PP avalada por los nacionalistas vascos y la formación de Carles Puigdemont, sin embargo, es un torpedo contra esa estrategia.

Si el impuesto que se pretendía prorrogar se deroga, no hay prórroga posible. O eso insisten los valedores de la iniciativa. El Gobierno, sin embargo, aseguró ayer que el real decreto ley se hará sí o sí en el Consejo de Ministros del próximo lunes, aunque aún tenga que buscarse la fórmula técnica que lo haga posible.

El PP también apoyó enmiendas de Junts, como la rebaja al 4% del IVA de los yogures y la exención del pago de las cotizaciones de los entrenadores no profesionales de los clubes deportivos. Y, además, vio prosperar otra de sus propuestas, la exención de impuestos de las ayudas que las empresas están dando a sus trabajadores por la DANA que arrasó Valencia y parte de Albacete. Pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que ninguna de esas medidas altera demasiado sus números.

En el horizonte próximo, en todo caso, se avecinan batallas derivada de las libradas ayer. Podemos sigue insistiendo en que quiere impuesto a la energéticas sea como sea y, entre otras cosas, amenaza con no permitir la convalidación del decreto ley que, según asegura, prepara el Gobierno para subir el impuesto al diésel y que sí es relevante para sus Cuentas.

Lograr el apoyo de la formación de Ione Belarra a la ley eficiencia de la justicia, por añadidura, obligó ayer al ministro Félix Bolaños, que negoció este asunto con la exministra Irene Montero, a hacer varias promesas. La primera, que se prorrogarán seis meses las ayudas al transporte público, algo que hasta la víspera el Gobierno limitaba a determinados colectivos. También se alargarán un año las medidas antidesahucio. Y, por último, se modificará en una próxima ley la enmienda del PNV sobre los juicios rápidos para delitos de okupación, otro asunto que volverá a enfrentar a unos socios con otros.