El Gobierno saca adelante la reforma de la ley de extranjería

Una novedad, según ha expuesto el cabeza de ramo, respecto a la proposición que fracasó el verano pasado como consecuencia de la negativa de PP, Vox y Junts. Desde Sumar, Vidal Matas, defendió la medida apelando a los derechos de estos menores, «a la educación, a la sanidad, a tener un proyecto de vida, a la inclusión, le pese a quien le pese. Hoy damos un paso adelante».

En el contexto actual, la iniciativa beneficiará a Canarias, que lleva más de un año en negociaciones con el PSOE para desaturar sus centros en los que se encuentran casi 6.000 jóvenes migrantes, y a Ceuta, después de que se haya incrementado un 221% la llegada de menores migrantes no acompañados. Aunque el Ejecutivo central todavía no ha dado a conocer cómo será esta distribución, debido a que regiones como la Comunidad de Madrid han enviado al Ministerio de Infancia datos muy generales y otras, como Aragón, han optado por no remitirlos, sí ha anunciado que de estas dos regiones saldrán 4.400, que se repartirán en función de diversos criterios como población o esfuerzo previo realizado. En esta línea, desde Junts han criticado el «desinterés mostrado por algunas regiones» y han apelado a «revertir la desigualdad que sufre Cataluña debido a que el sistema de reparto no ha funcionado hasta ahora».

El PP, por su parte, se ha mantenido firme en su rechazo a la convalidación del decreto. Han insistido en que, aunque Canarias y Ceuta son los principales puntos de llegada de menores migrantes, otras comunidades también han alcanzado su punto de saturación, según expusieron al Ministerio de Infancia, sin que la respuesta del Estado haya sido, a su juicio, proporcional.

«El Gobierno no ha hecho una verdadera política migratoria. Esta medida no es más que un parche, no una solución estructural», denunciaron. Lamentaron también que la propuesta 'popular'—que pedía «al presidente Sánchez asumir la responsabilidad directa en la protección de los menores»— fue rechazada por los socialistas desde el inicio, lo que les llevó a levantarse de las negociaciones hasta en dos ocasiones.

Torres subrayó, durante la exposición de la iniciativa, que, en más de treinta años, «las rutas migratorias han fluctuado», llevando la presión de unos territorios a otros. «Hoy, Ceuta, Melilla y Canarias afrontan la mayor afluencia migratoria de su historia, a pesar de que la ruta atlántica es la más peligrosa y mortífera del mundo». En esta línea, el ministro apeló a los pactos que Feijóo y Sánchez firmaron en para sus respectivas investiduras con Coalición Canaria.

En ambos casos, pusieron sobre la mesa la necesidad de una solución a este asunto y, tanto el PP como el PSOE, firmaron compromisos para modificar el marco legal. «Hoy venimos a cumplir con lo que ustedes mismos acordaron», aseguró refiriéndose a la bancada popular. «Es lo que ustedes tendrían que haber hecho para gobernar este país», ha añadido.

Desde Sumar no se limitaron a apoyar la reforma; sino que también arremetieron con dureza contra la postura del Partido Popular de este último año, al que acusó de esconderse tras una coartada económica: «Es lamentable que la única excusa del PP sea el dinero», han defendido al tiempo que han añadido que la excusa no es esa «falta de recusos», sino «sus actitudes racistas».

En esta línea, han criticado que puedan »bajar el impuesto a los ricos, pero luego dicen que no se puede acoger a los menores». Un argumento que ha apoyado también en «los pactos de la vergüenza». «Han vendido sus principios a la ultraderecha. Mazón, Azcón y Prohens quieren cero niños. Han abandonado a Ceuta y Canarias a su suerte», denunció, en alusión a los acuerdos a los que han llegado los presidentes autonómicos del PP con Vox.

«Cuando colapse el sistema de acogida de Baleares, ¿a quién van a pedir ayuda entonces? ¿Por qué se oponen a una solución estructural ante algo que va a crecer con el tiempo y que puede afectarles?», ha concluido. Desde ERC también han lanzado críticas contra la bancada de los de Abascal, a quienes ha acusado de «hipócritas y pecadores». Haciendo uso del cristianismo del que se abanderan, ha asegurado que «si Jesús volviera, quizá lo confundirían con con un migrante y querrían devolverlo».

«No ha sido un camino fácil», ha señalado. «Desde la primera comisión interministerial de inmigración hasta la Conferencia Sectorial, pasando por decenas de reuniones con Canarias, contactos diarios con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, encuentros en Bruselas y una carta a la Comisión Europea solicitando ayuda. Incluso una proposición de ley que fue registrada en junio de 2024 con aportaciones de todos los grupos… y que no se admitió a trámite», ha descrito sobre el proceso de negociación.

«Han pasado 261 días desde entonces«, ha afirmado al tiempo que ha lamentado que no hayan logrado el acuerdo antes. Y ha concluido su primera comparecencia diciendo: «Es su derecho. Se lo debemos a ellos, a esos niños. Y debemos estar a la altura».

Y aunque UPN y PNV han votado 'sí' a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, durante sus comparecencias también han dejado caer algunas de las dudas que «quedan por resolver y desarrollar». En esta línea, ambas formaciones han abogado por continuar dialogando para concretar asuntos como el protocolo de traslado.

Una postura que también ha mantenido Bildu, que, aunque ha señalado la iniciativa como algo necesario para poder atender a los menores «con la máxima dignidad», ha apelado a la sentencia del Tribunal Supremo por la que el Gobierno debe asumir más de un millar de jóvenes migrantes. «No se tenía que haber llegado hasta ese punto, pero ahora le pido al ministro Torres que asuma sus responsabilidades. Este decreto es un paso en la buena línea», ha señalado.

El PP también se refirió al auto del Supremo, sobre el que ha criticado que la Justicia tuviese que intervenir «para obligarles a actuar». «Más de 1.200 menores debieron estar desde el primer momento bajo el sistema de protección internacional del Estado y no bajo el de Canarias», sentenciaron.