El Gobierno denuncia que los móviles de Sánchez y Robles fueron espiados con Pegasus

Los expertos del Centro Criptológico Nacional (CCN), el corazón tecnológico del CNI, han determinado que el terminal del presidente sufrió dos ataques en mayo de 2021, mientras que el smartphone de la ministra fue infectado en junio de ese mismo año. Los ataques, por tanto, tuvieron lugar meses después de la ofensiva con Pegasus contra los 66 políticos independentistas catalanes y vascos, cuyo apogeo se vivió entre 2019 y 2020.

Los analistas del CCN, que concluyeron sus estudios sobre los móviles la tarde del sábado, han podido confirmar sin género de dudas que de los terminales de Sánchez y Robles «salió información», aunque no se atreven a determinar qué se robo al presidente del Gobierno y la ministra, ya que el análisis forense solo puede determinar la infección, el momento de la fuga de la información y el volumen de la filtración, pero no qué documentos fueron copiados o si se activó el micrófono o la cámara del terminal, algo que también permite Pegasus.

Exactamente, el primer ataque al móvil de Sánchez robó 2,6 gigas (prácticamente el volcado completo de un móvil de un usuario medio con información de una década) y el segundo 130 megas. Del terminal de la ministra de Defensa se sustrajeron apenas 9 megas de información, el equivalente a un puñado de fotos en alta resolución.

Sea como fuere, tras el 2021 los móviles de Sánchez y Robles no volvieron a ser atacados con el malware. «No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas», ha insistido Bolaños.

En el CCN no descartan, ni mucho menos, que otros altos cargos del Ejecutivo, incluidos más ministros, hayan podido ser también víctimas de Pegasus. El análisis de la totalidad de los terminales de todos los miembros y exmiembros del Gobierno tomará todavía unos días, han señalado responsables de la seguridad del Estado.

La Abogacía del Estado ha presentado una denuncia este mismo lunes ante el juzgado de instrucción número 4 Audiencia Nacional (de guardia hoy) por ese espionaje. El juez, no obstante, ha pasado a reparto el caso, ya que los hechos, aunque fueron descubiertos el sábado, tuvieron lugar el pasado año por lo que será el Decanato el que decida quién es competente para esta investigación.

Bolaños ha hablado de un «ataque externo e ilícito». El ministro Bolaños ha subrayado que se trata de «intrusiones consumadas» en las que se ha producido una «extracción de un determinado volumen de datos de los terminales».

«Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial de ningún organismo oficial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas», ha señalado el ministro, quien ha evitado especular sobre quién puede estar detrás de estos ataques y si hay servicios secretos de países hostiles involucrados. «Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo. En una democracia plena como la nuestra solo están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. No tenemos ninguna duda de que es una intervención externa», se ha limitado a señalar.

Según han detallado a este periódico fuentes de la seguridad del Estado, Moncloa ordenó al CCN una «análisis forense» de todos los teléfonos oficiales de los actuales miembros del Ejecutivo poco después de que hace dos semanas el colectivo Citizen Lab anunciara que más de 60 políticos independentistas catalanes y vascos habían sido espiados con el malware israelí de la empresa NSO.

En el CNI, aunque desconocen qué información salió de las terminales, se muestran tranquilos, ya que -afirman- ni el presidente ni la ministra guardaban en sus smartphone «información sensible para la seguridad nacional», precisamente para minimizar los efectos de un espionaje como el ocurrido.

«Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley», ha afirmado el ministro, quien ha dicho que hasta el domingo el Gobierno no ha tenido «conocimiento pleno» del alcance de este espionaje.

En este sentido, Bolaños ha asegurado que «existe constancia de que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en, al menos, 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, personas de distinta naturaleza».

«Una de las conclusiones a las que ha llegado el Gobierno tras estos ataques es que debemos reforzar los sistemas de seguridad. Vamos a poner a disposición todo el conocimiento y capacidades del Ejecutivo central a disposición de Gobiernos y Parlamentos autonómicos», ha garantizado el ministro de la Presidencia.

Las semanas de los ataques a los móviles de Sánchez y Robles fueron de cierta convulsión política por un doble motivo. En abril de de 2021 se abrió una crisis política con Rabat por la decisión de Sánchez de acoger en España al líder del Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de covid. La tensión con Marruecos, país que tiene en su arsenal de espionaje Pegasus, no disminuyó hasta que en junio Gali abandonó España. También esos días hubo polémica por la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés' que finalmente se materializó el 22 de junio de 2021.

«El compromiso inequívoco, absoluto, del Gobierno con el esclarecimiento de la verdad es lo que provoca que nosotros llevemos toda la información a los tribunales para que se haga una investigación absolutamente independiente, con todas las herramientas que tiene cualquier órgano judicial y que podamos conocer toda la verdad», ha zanjado Bolaños.