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ANA MORIYÓN
OVIEDO.
Sábado, 10 de febrero 2018, 04:29
El Gobierno presentó ayer una imagen casi catastrofista de la situación financiera del Principado. Un escenario «singular y complicado» que la responsable de Hacienda atribuyó, directamente, a la «doble prórroga» que sufre esta región -la de las cuentas autonómicas y la de los presupuestos ... generales- y, con especial énfasis, al recorte de 116 millones de euros en la financiación autonómica aplicado por el ministro de Hacienda. La suma de todos estos factores, relató Dolores Carcedo, hacen que Asturias esté «ante el escenario presupuestario más incierto de los vividos en los últimos años». La consejera utilizó un tono especialmente negativo en su comparecencia en la Junta para hablar de los efectos de la prórroga porque, apostilló, «si tuviéramos un presupuesto aprobado, operativo, la retención de los 116 millones de euros podría ser solo un problema puntual», pero en situación de prórroga esas menores entregas a cuentas suponen «un problema grave de financiación». Tanto que, alertó, las políticas públicas y las inversiones podrían resentirse.
La consejera dijo estar abierta a «explorar» todas las opciones y buscar los apoyos necesarios para que puedan aprobarse los mecanismos que permitan minimizar el efecto de ambas prórrogas, tales como las leyes de crédito. Y en esa línea se manifestaron también desde IU (único partido que apoyó el fallido proyecto presupuestario del PSOE para este ejercicio) y Ciudadanos. Podemos -cuyo apoyo es imprescindible si se busca un acuerdo de izquierdas- dijo estar a la «expectativa» de la propuesta socialista para salvar la situación de prórroga, pero ya avanzó que el Gobierno deberá aplicar «cambios reales» en sus prioridades si quiere contar con su visto bueno. Un discurso, el formulado por el diputado Enrique López, que no hizo más que ahondar en la desconfianza que existe entre ambos partidos, hasta el punto de que Carcedo manifestó en su turno de réplica serias dudas de que pueda alcanzarse un acuerdo con los morados. «Empiezo a dudar de que el mensaje de Podemos sea sincero», declaró.
La consejera, en cualquier caso, insistió en que el Gobierno regional no se cerrará a ninguna opción e, incluso, avanzó que se trabajará hasta donde «legal y políticamente» sea posible. Por el mome nto ya se ha solicitado un pleno urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reclamar las entregas a cuenta de la financiación autonómica de 2018, al entender que no se puede vincular la falta de presupuestos generales con el reparto de estos fondos. Carcedo ve «inaceptable» que esto ocurra porque, argumentó, las prórrogas no pueden afectar a la «columna vertebral» de la financiación de las comunidades y de los ayuntamientos. «Son ingresos que nos corresponden por las competencias que tenemos transferidas», subrayó.
En su radiografía de la situación financiera del Principado, la consejera aprovechó para recriminar a la oposición que hubiera «elegido contar con menos recursos, muchos menos», al rechazar el proyecto presupuestario defendido por el Ejecutivo, que ascendía a 4.485 millones de euros e implicaba un incremento del 21% en inversión productiva con respecto a las cuentas de 2017. Aquello quedó en papel mojada y quedaron prorrogados los presupuestos de 2017 -4.226 millones-, si bien la titular de Hacienda informó ayer a la Cámara de que la disponibilidad real para este año será de 4.213 millones, 12,1 millones menos, puesto que no es posible prorrogar los créditos destinados a servicios o programas cuya vigencia temporal estaba limitada al ejercicio 2017. Como único mensaje positivo, anotó que las cuentas prorrogadas serán «equilibradas» y cumplirán los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera.
Pese a lo desesperanzado de su discurso, la consejera de Hacienda abandonó el hemiciclo sin grandes mensajes alentadores por parte de la oposición que, con más o menos intensidad, responsabilizaron al Gobierno de este complicado escenario. El diputado popular Agustín Cuervas-Mons fue especialmente crítico y vinculó la prórroga a un «cambio de criterio» del Ejecutivo autonómico «impuesto por la FSA», y que obedece a una decisión «puramente política y sectaria». Desde Podemos, Enrique López se quejó de que el Principado no hubiera aceptado sus condiciones, que en el último momento «únicamente afectaban al 0,1% del presupuesto», aunque implicaban «cambios relevantes»; mientras que Gaspar Llamazares, de IU, lamentó la falta de «voluntad» por parte de los grupos parlamentarios para aprobar medidas que permitan salvar los efectos de la prórroga. Pedro Leal, de Foro, advirtió de que su partido volverá a ir a los tribunales al entender que el Gobierno podría caer en la «prevaricación» al recurrir insistentemente a la deuda «sin pasar» por la Cámara, mientras que Nicanor García, de Ciudadanos, reprochó al Principado que por «estética y apariencia» hubiera centrado las negociaciones con Podemos, «cuando todos sabíamos que eran imposibles».
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