El Gobierno redobla su aval al fiscal general tras el borrado «intencionado» de sus mensajes

«Para que no quepa duda», ha incidido Alegría, el Ejecutivo, salpicado en el caso por el cruce de mensajes desde La Moncloa de la asesora Pilar Sánchez Acera con el defenestrado Juan Lobato, mantiene su «confianza absoluta» en el máximo responsable del Ministerio Público. La también ministra de Educación ha eludido esta vez cargar contra la instrucción del alto tribunal, cuyos plazos -ha dicho- «hay que respetar». Pero sí ha recalcado que «la verdad pondrá las cosas en su sitio» y ello permitirá «centrarnos en los delitos fiscales que se han cometido», en alusión a la investigación abierta al compañero de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, por presunto fraude tributario.

Inquirida por las dudas que puede despertar la actuación del fiscal general haciendo desaparecer sus mensajes cuando ya era un hecho su encausamiento, Alegría ha aseverado que lo que a ella sí le suscita «sospechas» es que González Amador, al que no ha mencionado explícitamente, lleve casi un año sin prestar declaración desde que estalló la inspección que le concierte; la portavoz ha obviado que de los cuatro aplazamientos solicitados a la jueza que lleva el expediente, dos han sido a instancias del empresario, una por la dificultad de concertar el testimonio del empresario con el de sus supuestos colaboradores en el fraude y otra, a instancias de las acusaciones particulares -que los socialistas pretenden acotar ahora por ley- ejercidas por el PSOE y Más Madrid. Junto a ello, Alegría también ha censurado que en una causa que el Supremo ha incoado por relevación de información reservada, se hayan dado a conocer, con la divulgación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), datos privados de García Ortiz. Éste ya se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para que tome cartas en el asunto.