El Gobierno se da un mes de plazo para pactar con el PP la renovación del Consejo del Poder Judicial

Juan Carlos Campo cree que el camino está «bastante allanado» a pesar del «ruido» existente en torno al Poder Judicial. Un ruido motivado por la iniciativa gubernamental de alterar los respaldos parlamentarios para la elección de los vocales mediante una proposición de ley que rebajaría las mayorías de tres quintos a la absoluta en segunda votación. Un cambio de las reglas del juego que el Gobierno justificó por el bloqueo del PP a la renovación después de haber tenido casi cerrado el pacto en dos ocasiones.

Pero a pesar de este enfrentamiento, cuya onda expansiva llegó a las instituciones europeas y desató un levantamiento de la mayoría de las asociaciones judiciales, Campo y Enrique López han seguido en contacto. «El portavoz del PP y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos», explicó el ministro de Justicia la semana pasada en Onda Cero. López mantiene un cauto silencio a la espera de que el líder de su partido fije la posición definitiva en la reunión del comité ejecutivo del PP de este martes.

Los contactos existen, confirman desde ambas partes, que también ratifican que se trabaja a partir de un reparto equitativo de vocales propuestos por los socialistas y los populares con un presidente del Consejo y del Tribunal Supremo de extracción progresista. El gobierno de los jueces, argumentan en el PSOE, tiene que reflejar la realidad política y legislativa salida de las urnas en las últimas elecciones y que cambió las mayorías.

La Moncloa considera que Pablo Casado se enfrenta a su primera prueba para demostrar que el distanciamiento del PP de Vox es algo más que un discurso y que es un partido de Estado, como dijo el líder opositor hace diez días en el debate de la moción de censura de Santiago Abascal.

Los socialistas, aunque rechazan las condiciones del PP para la renovación del Consejo, consideran que las han cumplido al dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos y al congelar la tramitación en el Congreso de su proposición para el cambio de mayorías. Pero los populares aprietan. Reclaman la retirada de la propuesta legislativa y que Pablo Iglesias no coloque vocales de su cuerda.

Nada insuperable, dicen en el PSOE, que aspira a que la composición del Consejo sea de once vocales propuestos por Campo y nueve por el PP. Los socialistas pretenden que dos de su cupo sean respaldados por Podemos y que un tercero cuente con el aval del PNV. Pero no es una postura cerrada, dependerá de la evolución de las conversaciones.

El Gobierno también aspira a que la renovación del Poder Judicial esté acompañada del relevo de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Congreso y cuyo mandato finalizó hace un año. Se trata del presidente de la corte de garantías, Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, este último renunció al cargo tras ser procesado por presuntos malos tratos a su esposa.

El paquete también incluye al Defensor del Pueblo, cargo que ejerce en funciones desde hace tres años el socialista Francisco Fernández Marugán. La cuarta institución que se pretende renovar es el Consejo de Administración de RTVE, un relevo que acumula dos años y medio de retraso. En todos los casos, el acuerdo con el PP es imprescindible.