El Gobierno asume que Sánchez no será reelegido presidente antes de final de año

«A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué». Las palabras son de la ministra de Defensa, Margarita Robles, desconocedora, al parecer, de que fue Pedro Sánchez quien fijó el objetivo de ser investido presidente del Gobierno antes de fin de año. Lo dijo durante la campaña y lo repitió después de las elecciones del 10 de noviembre. Una meta que hicieron suya los negociadores socialistas del acuerdo para la necesaria abstención de Esquerra. «España necesita un gobierno cuanto antes», ha sido un latiguillo repetido una y mil veces durante los últimos días por todos los miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSOE que han opinado del asunto. Aunque Sánchez, a la vista de las dificultades judiciales sobrevenidas, señaló el pasado 13 de diciembre desde Bruselas que más importante que «cuándo» era el «cómo» se llegaba a la investidura.

Mientras se suceden las cábalas de calendario, la Abogacía del Estado sigue sin entregar al Tribunal Supremo sus alegaciones sobre la sentencia de la corte de Luxemburgo respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras y la vulneración de sus derechos políticos, y los efectos del fallo en la situación de Carles Puigdemont. Este jueves tampoco lo hizo, y ya solo puede remitir su escrito este viernes, el lunes 30 o el miércoles dos de enero, que es cuando se vence el plazo de cinco días hábiles fijado por el Tribunal Supremo para que las partes presentaran sus informes. La Fiscalía, el líder de Esquerra y Vox, como acusación popular, ya lo han hecho.

Robles señaló en la cadena Ser que no sería extraño que los servicios jurídicos apuren y entreguen su escrito el dos de enero porque se trata de un escenario «complicado», además de novedoso, que requiere «prudencia» en el análisis de los argumentos jurídicos. Descartó, eso sí, que la tardanza se deba a presiones del Gobierno sobre el sentido de su argumentación. «No hay ninguna explicación política», lo que ocurre, añadió, es que «los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos».

La ministra aprovechó que echaba, según dijo, un «capote» a la Abogacía, para deslizar un velado reproche a la Fiscalía, a la que se dirigió con «el máximo respeto» para recordarle que «la prudencia en la presentación de escritos en el ámbito del derecho es muy importante». El Ministerio Público no espero ni un solo día, y el mismo día en que se conoció la resolución del Tribunal de la Unión Europea, el 20 de diciembre, entregó sus alegaciones al fallo para pedir que mantuvieran las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsejeros fugados, y que se solicitara al Parlamento Europeo la retirada de inmunidad eurodiputados al expresidente catalán y a su exconsejero Toni Comín.

Así las cosas, en la Moncloa y en Ferraz aceptan que la investidura antes del 31 de diciembre es inviable. Si la Abogacía diera a conocer este viernes su informe y fuera del agrado de Esquerra, los republicanos deberían reunir a su Consejo Nacional para certificar el acuerdo con el PSOE. Además sería razonable, aunque no imprescindible, que los negociadores de ambos partidos se reunieran para escenificar el pacto. A partir de ahí, se debería convocar el pleno, que requiere al menos 24 horas de adelanto para que los 350 diputados puedan estar en Madrid.

Si los servicios jurídicos agotan el plazo del dos de enero, no sería descabellado, aceptan dirigentes socialistas, que se dejara la investidura para después de Reyes, como han planteado el PNV y Compromís.

Y es que la negociación parece que se ha reducido a una cuestión de hojas de calendario porque nada se sabe con certeza del contenido del acuerdo entre PSOE y Esquerra, que se da casi por descontado, ni del que fraguan desde hace mes y medio los socialistas y Podemos para formar un gobierno de coalición.