El Gobierno niega la existencia de un plan de acercamiento de presos de ETA

La respuesta del Ejecutivo está fechada el pasado 17 enero, solo horas después de que el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, anunciara que el Gobierno de Iñigo Urkullu iba a presentar a la Moncloa su plan para acercar a 210 reclusos de ETA a las tres cárceles vascas (Zaballa, Basauri y Martutene), además de a Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos.

El Gobierno insiste en que no contempla un plan determinado de acercamientos porque el tratamiento de los internos (del que es parte su ubicación carcelaria), va a seguir siendo individualizado y dependiendo de su comportamiento, su rehabilitación y su progresión de grado. «Serán las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios las que aprecien las circunstancias necesarias para que un interno progrese de grado y sea destinado a un centro más cercano a su lugar de residencia, sin que de antemano se pueda decir quiénes y cuántos van a ser estos internos», zanja Interior, negando que, tan siquiera, se esté estudiando el plan propuesto por el Ejecutivo de Vitoria, con quien el Gobierno de Sánchez se va a reunir el jueves para tratar la transferencia de prisiones entre otros asuntos.

«Cualquier actuación que se lleve a cabo con los internos estará enmarcada en el estricto cumplimiento de la legalidad penitenciaria, que establece un tratamiento individualizado de todos aquellos aspectos que afectan a la ejecución penal», apostilla Interior, que garantiza que los presos de la banda terrorista, como el resto de reclusos, seguirán bajo los «términos» del artículo 72.1de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es el que establece que «las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica».

En su respuesta a Jiménez Becerril, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1998, el Ejecutivo da a entender que rechaza un plan de acercamiento conjunto como el propuesto por Fernández porque sería tanto como violar los principios básicos del tratamiento y la reinserción. El sistema penitenciario, señala, «está basado en la clasificación penitenciaria de los penados en distintos grados (1º, 2º y 3º)» y son estos grados los que «determinan el destino del interno a un determinado centro penitenciario para que en el mismo pueda seguir el programa de intervención o tratamiento individualizado asignado al efecto por los técnicos, que son los que llevan a cabo el estudio y análisis de las variables que determinan la clasificación penitenciaria, en uno u otro grado».

El Ministerio del Interior recuerda que «esta clasificación penitenciaria se revisa periódicamente» y que solo «la evolución positiva del penado», sea o no condenado por delitos de terrorismo, será la que «determine su progresión de grado» y «la propuesta del correspondiente traslado al centro penitenciario adecuado o dentro de un mismo centro a un departamento idóneo».