El Gobierno se escuda en los bulos para abrir un debate sobre la libertad de información

«¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?», preguntó el CIS. Entre el 55 y el 76% de los encuestados, según su afinidad partidistas, respaldaron que había que poner coto a los bulos.

Distintas asociaciones de periodistas denunciaron que la pregunta era «engañosa», ya que en realidad pone en tela de juicio el rol constitucional de los medios de comunicación. Recuerdan que estos tienen derechos y deberes, al estar sometidos al control judicial en caso de vulnerar los derechos individuales de terceros, a diferencia de las redes sociales, como Facebook y Twitter, donde proliferan mensajes de dudosa procedencia.

El pasado 6 de abril, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo se abrió a revisar los instrumentos para combatir la desinformación «o al menos para que no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación». Campo reconoció la existencia de un problema social y recordó que los ciudadanos tienen derecho constitucional a recibir información veraz.

Dentro de este debate, la Fiscalía General del Estado acordó este miércoles incoar diligencias por la difusión de varios bulos en redes sociales denunciados por Unidas Podemos, que acusaban al Gobierno de ocultar información sobre el coronavirus y de desatender a enfermos y fallecidos. El partido de Pablo Iglesias atribuyó este plan a una «organización criminal» y puso como ejemplo una foto con ataúdes en un almacén y un vídeo con decenas de bolsas de cadáveres supuestamente en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Ambos eran casos manipulados, ya que la foto era de un naufragio en Italia en 2013 y el vídeo, de un hospital de Guayaquil (Ecuador).

A esta iniciativa judicial se sumó ayer el PSOE con otra denuncia ante la Fiscalía General. El escrito recoge varios tuits de Vox publicados entre el 18 de enero y el 7 abril, que incurrirían en una «reiterada incitación al odio» y «lesionan el honor del partido y del Gobierno».

En el primer mensaje, la formación de Santiago Abascal entraba en el debate sobre el control parental y acusaba al ejecutivo de promover la pederastia «con dinero público». Esto llevó a Twitter a suspender varios días la cuenta de Vox, que tuvo que borrar el tuit. Ahora, el PSOE entiende que esa reflexión, y las publicados el 2, 6 y 7 de abril sobre la ocultación de los muertos por coronavirus, suponen delitos de injurias y calumnias. Dado su pasado como ministra de Justicia, la fiscal general Dolores Delgado debería abstenerse de intervenir en la investigación.

Para Eduardo Suárez, responsable de comunicación del 'Reuters Institute' de la Universidad de Oxford, la crisis sanitaria está siendo un caldo de cultivo sin parangón para la desinformación. «Son cuestiones a veces de vida o muerte, más allá de los mensajes ideológicos de procesos electorales como Estados Unidos con Trump o Brasil con Bolsonaro. En España está siendo un grave problema», advierte.

Dos razones sustentan esta opinión. Los bulos que van de abajo a arriba, es decir, los que se difunden en los grupos de WhatsApp (mensajería instantánea), donde casi la mitad de los españoles habla del coronavirus. De esos, el 44% admite que ha visto bulos. «Un porcentaje altísimo», señala Suárez.

El segundo motivo son los bulos de arriba a abajo, los que se propagan desde medios de comunicación, gobiernos o políticos. En este supuesto, el 34% de los encuestados asegura haber visto información falsa procedente del ejecutivo, el 36% de un medio y el 43% de políticos. «Estos datos son más preocupantes que los bots (herramienta generadora de mensajes automáticos) en redes sociales», asegura.

David Varona, profesor de Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía, pone el acento en el segmento de mayores de 65 años. «No tienen tantas herramientas para discernir lo que es verdad y lo que no. Tiene que ver con el ecosistema de medios en el que se han criado. Antes había pocos y eran de fiar, ahora no. Aunque estamos aprendiendo a desconfiar, la educación juega un papel esencial», sostiene.

Para Varona la solución no es poner puertas al campo, ni legislar 'ad hoc' contra la desinformación. «Hay que fomentar herramientas de verificación. El problema del bulo es desmontarlo. Es un desgaste físico y mental importante. En WhatsApp predomina la espiral del silencio y la desinformación se abre paso», subraya. Suárez, por su parte, ve también un «grave error» cualquier reforma para perseguir noticias falsas, tal y como deslizó el CIS.