Portazo del Gobierno a la elección del Poder Judicial por los jueces

Bolaños alegó que, en una democracia plena, «ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos» y que los poderes del Estado no se pueden convertir en «departamentos estancos». «Todos han de tener base democrática», dijo. Sus palabras no solo provocaron la reacción inmediata de presidente del PP, Pablo Casado, quien se apresuró a exigir, a través de Twitter, su dimisión por atentar, dijo, contra la separación de poderes, la Constitución y la UE. También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria le recriminó su actitud.

La Francisco de Vitoria, una de las cinco asociaciones de jueces y magistrados que hay en España, lleva años demandando una reforma como la que ahora reclama Casado; reforma que el PP renunció a impulsar cuando gobernaba con mayoría absoluta pese a haberla llevado en su programa electoral. En sus redes sociales, recordó que también la Comisión Europea y el Consejo de Europa han conminado en varias ocasiones a España a dar ese paso y remarcó que el nuestro es, junto a Polonia, el único país de la UE en el que el órgano de gobierno de sus jueces lo eligen sólo los políticos.

España ya tuvo un sistema como el que rechazan los socialistas al principio de la democracia, aunque solo dio tiempo a elegir un CGPJ con esas normas. En 1985, cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, la ley se modificó para que el Congreso y el Senado eligieran por mayoría de tres quintos no solo a los ocho vocales elegidos entre abogados y juristas de «reconocida competencia», como establece la Constitución, sino también a los doce que han de ser jueces y magistrados «de todas las categorías judiciales».

La norma fue recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional, que, sin embargo, la avaló. A pesar de que Casado insiste en que la Constitución deja claro que los jueces deben tener un papel directo en la elección de al menos una parte de su órgano de gobierno, el artículo 122.3 es ambiguo al respecto. Sí establece cómo ha de elegirse el cupo de ocho juristas pero en el caso de los doce vocales designados de entre jueces y magistrados solo estipula que lo serán «en los términos que establezca la ley orgánica».

Bolaños defendió ayer que el mandato constitucional sobre el que, en cambio, no hay duda alguna es el que obliga a renovar el Consejocada cinco años y por ese motivo rechazó la condicionalidad que pretende hacer valer Casado. «La Constitución –adujo en una entrevista en la cadena Ser– no dice que si el principal partido de la oposición tiene alguna excusa la puede poner». El nuevo hombre fuerte del Gobierno, tras la salida en julio de la vicepresidenta Carmen Calvo y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, insistió así en que no hay «alternativa» al acuerdo.

El PP ha participado sin problemas en la negociación para la designación del Poder Judicial en otras muchas ocasiones. En noviembre de 2018, Casado cerró incluso un pacto con Sánchez que saltó por los aires al trascender un mensaje en el que los populares se vanagloriaban de controlar el Supremo por la puerta de atrás y, en febrero de este año, a punto estuvo de alcanzar otro. No es la primera vez, aun así, que los plazos de renovación se incumplen. El PSOE reprocha que el bloqueo siempre coincide con un Poder Judicial de mayoría conservadora y un PP en la oposición.