El Gobierno central permitirá a los ayuntamientos usar su superávit para la reconstrucción

El Gobierno central permitirá a los ayuntamientos emplear los 3.830 millones de euros de su superávit de 2019 para costear el proceso de desescalada y reconstrucción social y económica por la pandemia del coronavirus, aunque aún falta por concretar su destino concreto. Lo anunció desde Vigo el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras la entrevista mediante videoconferencia que la Junta de Gobierno de esta entidad -de la que forma parte la alcaldesa de Gijón, Ana González- mantuvo ayer con el presidente del país, Pedro Sánchez.

Aunque aún habrá que determinar la cuantía exacta de ese dinero y, sobre todo, los proyectos concretos a los que se va a dedicar, Caballero celebró que Sánchez haya aceptado esta reivindicación de los consistorios españoles en una reunión a la que dio la máxima trascendencia y que califició de «muy productiva» y «muy constructiva», además de positiva. «Los superávit y los remanentes de los ayuntamientos son muestra de la contención y la rigurosidad de cada Ayuntamiento. Son nuestros y la utilización de nuestros recursos ha de realizarse en cada ciudad, municipio, provincia o isla, para la reconstrucción y atención social y el bien común», argumentó el también alcalde de Vigo.

Eso sí, según explican otras fuentes que participaron en esta reunión telemática, el Gobierno central se habría comprometido únicamente con una parte de la reivindicación histórica de los ayuntamientos, puesto que habría dejado en el aire la posibilidad del uso del remanente. Esto es, el superávit acumulado por las corporaciones locales en forma de unos depósitos bancarios cercanos a los 30.000 millones de euros, que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también tiene en su radar para hacer frente a los gastos extraordinarios que está generando esta crisis sanitaria y que precisará la reconstrucción del Estado. Un montante que, en el caso de los ayuntamientos asturianos, ronda los 410 millones de euros y cuya utilización por parte de las Administraciones locales es una vieja reivindicación tanto de la FEMP como de la FACC (Federación Asturiana de Concejos).

Desde este ente supramunicipal autonómico, su presidenta, Cecilia Pérez, celebraba ayer que el Gobierno central y la FEMP «hayan comenzado a hablar de la gestión del superávit y del remanente», a la espera de que se concrete la información al respecto.

Por lo pronto, Pedro Sánchez se ha comprometido a reunirse cada quince días con la FEMP para continuar así con una vinculación que, según destacó el alcalde de Vigo en rueda de prensa telemática, sitúa a los municipios al mismo nivel que las comunidades autónomas y los hace partícipes de la «arquitectura del Estado» dentro de sus competencias.

La utilización del superávit por parte de los ayuntamientos, no obstante, precisa de una autorización que deberá concretarse mediante una ley o un decreto ley, puntualizó Abel Caballero. Para avanzar en esta línea, la FEMP se reunirá esta misma semana con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fin de analizar «en qué dirección» se van a gastar estos fondos dentro del proceso de desescalada del confinamiento y para contribuir a la «reconstrucción social y económica» del país.

Para las corporaciones que no tengan superávit, el presidente de la FEMP pidió al Gobierno central que les habilite mecanismos de liquidez y mostró su confianza en que las comunidades autónomas empleen para ello parte de los recursos recibidos del Estado.