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ANA MORIYÓN
OVIEDO.
Viernes, 17 de noviembre 2017, 08:30
Luigi Ferrajoli sostiene que el secesionismo catalán «no está justificado» porque, razona el jurista italiano conocido como el padre del denominado 'garantismo jurídico', no se trata de un pueblo oprimido. Sin embargo, considera que el «principal aliado» que ha tenido el movimiento independentista ha sido ... el propio Gobierno de Mariano Rajoy por su indisponibilidad al diálogo. Aunque defiende que la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que implicó la disolución del Parlament y el cese del Gobierno de la Generalitat) está totalmente legitimada, el experto mantiene que hubiera sido más efectivo acudir al diálogo y evitar situaciones tan extremas. Se refiere, además, a la intervención policial con motivo de la convocatoria del referéndum el pasado 1 de octubre y a la prisión preventiva dictada por la jueza Carmen Lamela para los miembros del exgobierno catalán que, opina, no han hecho más que abrir «heridas peligrosas».
Ferrajoli -que fue presentado por el presidente de la Cámara asturiana, Pedro Sanjurjo, y por el catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, como el «pensador jurídico más importante de la actualidad»- considera, en cualquier caso, que aún se está a tiempo de reconducir esta situación. Eso sí, puntualiza que para ello sería importante que el Gobierno central trate de restablecer el diálogo «antes de las elecciones autonómicas» fijadas para el próximo 21 de diciembre.
El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma III propuso ayer, con motivo de su visita a Asturias para participar en el foro Espacio Fundamentos de la Junta General con su conferencia 'La democracia constitucional en su crisis moderna', que el Ejecutivo de Mariano Rajoy solicite la liberación de los miembros del exgobierno catalán que permanecen ingresados en prisión provisional sin fianza después de que fueran acusados de delitos como rebelión y secesión. «El Gobierno central no puede interferir en el poder judicial, pero sí puede criticar una decisión judicial, como lo hace la opinión pública», anota Ferrajoli, quien plantea que esta medida podría ser considerada por parte del independentismo catalán como un gesto que ayudaría a calmar las aguas. «El derecho penal no debería utilizarse para cuestiones tan evidentemente políticas», argumenta.
El experto incidió también en la crisis de la democracia constitucional y explicó que se ha llegado a esta situación, por un lado, por la pérdida de poder por parte de la política en favor de los sectores económicos y, por otro lado, porque los partidos políticos han dejado de estar conectados con la sociedad y la hostilidad que despiertan ha hecho a la democracia perder credibilidad.
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