El Gobierno busca fórmulas para deshacer el embrollo del pacto fiscal en Cataluña

La caja de los truenos que destapó esta semana la ministra María Jesús Montero en su intento de hacer pedagogía entre los líderes autonómicos y socialistas disconformes -aún a la espera de celebrar un comité federal donde debatir una postura común- amenaza con socavar la ya de por sí precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Máxime, con la crucial negociación en otoño de los Presupuestos del Estado para 2025, aunque empieza a cobrar fuerza la posibilidad de una nueva prórroga de los actuales, los de 2023, ante la falta de garantías de que ERC y Junts vayan a apoyarlos.

El Gobierno continúa enrocado en la consigna de que la «soberanía fiscal plena» en Cataluña respetará el «principio de solidaridad» pero sin detallar cómo piensa llevarlo a cabo. No lo hizo Montero ni los ministros que salieron al rescate para tranquilizar a los republicanos. Ni siquiera el propio Sánchez, que retomó el viernes su agenda para abordar la crisis migratoria y evitó hacer declaraciones después de reunirse con el presidente canario Fernando Clavijo.

No hay que descartar que, para desatascar la situación, Moncloa esté valorando todas las fórmulas posibles antes que verse sometido a la humillación política de una más que probable derrota en la votación parlamentaria en las Cortes. La propuesta, que implicaría la reforma de varias normas, contaría por descontado con el voto en contra de PP, Vox y UPN, más el anticipado por cuatro de los 31 diputados de la coalición Sumar que ya advirtieron en julio que no lo respaldarían. Y podrían ser más.

Pero si la financiación singular no es un concierto, tampoco un cupo ni una reforma «al uso» -parafraseando a Montero- del modelo de financiación fiscal (que lleva congelado desde 2009 y cuya última revisión oficial data de 2014), las opciones son pocas. Y todas pasan por la ley orgánica que rige el modo en el que se reparten a cada autonomía los fondos recaudados por el Estado (LOFCA), lo que conllevaría complejas negociaciones con los grupos parlamentarios para salir adelante.

Según fuentes académicas de Hacienda Pública consultadas, la falta de concreción del texto hace que la línea que separa el modelo de País Vasco y Navarra de la propuesta para Cataluña sea muy delgada pero el margen de actuación, limitado. Una posibilidad sería traspasar la gestión del cien por cien de los impuestos a la Administración catalana añadiendo una disposición adicional a la ley actual con el fin de aumentar las competencias tributarias de la Generalitat.

La segunda opción contempla un acuerdo de colaboración a través de un consorcio paritario entre la Agencia Tributaria española y la catalana encargado de recaudar todos los impuestos. Esta fue, precisamente, la propuesta que la ministra de Hacienda llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio y que fue rechazada por ERC en el marco de las negociaciones para llevar a Illa al frente de la Generalitat.

Este instrumento ya está recogido en el Estatut y cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, pero su despliegue efectivo afrontaría varios escollos jurídicos y técnicos y tendría que pasar por el CPFF -aún sin fecha prevista- donde la mayoría del PP garantizará un rechazo multitudinario a la reforma.

Precisamente, la falta de detalles por parte del Ejecutivo ha dado munición a Junts para cuestionar el acuerdo y exigir la comparecencia de Montero y del ministro de Justicia Félix Bolaños en la Cámara baja para que expliquen su «propuesta exacta de financiación para Cataluña». Una petición que no será un brindis al sol si PP y Vox, muy duros también con el pacto fiscal -aunque por motivos opuestos-, deciden sumarse y los tres fuerzan la comparecencia.

De hecho, los populares también han requerido la asistencia de la vicepresidenta primera en la comisión de Hacienda en el Senado. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha visto en el pacto fiscal para Cataluña un nuevo flanco -además de la amnistía o el 'caso Koldo'- para desgastar a Sánchez. Las comunidades gobernadas por el PP ya anticiparon recursos ante el Tribunal Constitucional en el caso de que se reforme la financiación en perjuicio de sus territorios. Génova convocó para el 6 de septiembre el cónclave de presidentes autonómicos para hacer un frente común contra la soberanía fiscal catalana y también quiere elevar la cuestión ante el Parlamento Europeo.