La Generalitat recibe como gesto de Sánchez la eventual revisión a la baja del delito de sedición

Sánchez ya dejó caer el lunes en su primera entrevista tras la investidura, en TVE, que está dispuesto a abordar una modificación del ordenamiento en ese sentido, aunque tampoco quiso ser demasiado explícito. «Hay que ir paso a paso –dijo–. Yo creo que es evidente que con toda esta crisis se ha demostrado algo y es que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos, pero este es un debate que se tendrá que abrir en el Congreso de los Diputados».

En una línea similar, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, argumentó este martes que es «evidente» que en esta legislatura se debatirá en la Cámara baja la reforma del Código Penal porque en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se contemplan varias modificaciones. Entre otras cosas, ambos partidos se comprometieron a hacer que el consentimiento de las víctimas sea clave en los delitos sexuales y a derogar el artículo 315.3, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga. Según apuntó la ministra, una vez abierto el melón también se podrá hablar de «lo que tiene que ver con los acontecimientos de Cataluña», pero por si acaso se cuidó de decir que será el propio Gobierno el que impulse las medidas relativas a este último asunto.

Rebajar las penas del delito de sedición tendría una repercusión directa sobre los reos del 'procés' porque la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal más favorable. Es decir, que si se modifican los tipos, habría que proceder a revisar las condenas que estén cumpliendo de manera efectiva tanto el líder del Esquerra, Oriol Junqueras, como el resto de presos a los que el pasado 14 de octubre condenó el Tribunal Supremo.

Montero, en todo caso, no quiso dar nada por supuesto. Es más, aseguró que tampoco se puede interpretar que Sánchez haya «renunciado» a otros cambios legislativos como el que anunció en el único debate electoral entre candidatos: la recuperación del delito de convocatoria de referendos ilegales aprobada por el PP en la última legislatura de José María Aznar y derogada en 2005, ya bajo el Gobierno de Zapatero, por los socialistas, los nacionalistas y los independentistas. Sin embargo, la portavoz del Gobierno admitió que, al no formar parte del acuerdo con Unidas Podemos, no cabe esperar que sea el Ejecutivo el que las lleve al Congreso.

En su día, apenas unas semanas antes de ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias a los votos de los secesionistas, Sánchez también defendió la necesidad de actualizar el delito de rebelión para adaptarlo al siglo XXI. El entonces líder de la oposición sostenía que su tipificación se había hecho pensando en los golpes de Estado tradicionales, los levantamientos militares que tan frecuentes fueron en la España del siglo XIX y principios del XX, pero no en acontecimientos como el vivido en Cataluña en 2017. Una vez en la Moncloa, sin embargo, aparcó el asunto. Tampoco lo incluyó en sus programas electorales.

A pesar de que desde el Ejecutivo se dejó caer este martes que podría llegar a endurecerse el delito de rebelión y suavizar el de sedición, ese escenario es poco probable por lo mismo por lo que lo fue en la pasada legislatura. Ahora el Gobierno defiende la distensión y el diálogo con Cataluña, del que pende la aprobación de los Presupuestos, y no puede permitirse ningún gesto que incomode al secesionismo , en particular, a Esquerra.

Montero apuntó que las reformas del Código Penal, que como ley orgánica que es sólo puede ser modificado por mayoría absoluta del Parlamento, deben ser «consensuadas» y añadió que espera contar también con el PP. Lo cierto es que numéricamente la participación del primer partido de la oposición es prescindible si a los votos de PSOE y UP se unen los de los independentistas.