García Ortiz tira para adelante con la cúpula fiscal sacudida por su causa ante el Supremo

García Ortiz se sometió primero al escrutinio de la Junta de Fiscales de Sala, que al ser por designación directa muchos puestos a priori le resultaría más proclive, y luego ante el Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público donde prima el sentir de la carrera a través del voto asociativo. Pasara lo que pasara en ambos cónclaves, la decisión que tomaran no era vinculante ni tampoco obligaba al fiscal general a irse ni él pensaba hacerlo, pero el aludido prefirió dar explicaciones internas poco después de que el alto tribunal decidiera abrir causa penal para investigarlo, la primera vez que ocurre en democracia contra el jefe de la Fiscalía.

Tras escuchar su relato, una mayoría del Consejo Fiscal exigió que abandonara su puesto como mejor solución para no dañar la imagen de la institución. La votación quedó siete a favor de que se fuera y cuatro en contra. El resultado, no obstante, no supuso ninguna sorpresa ya que los seis consejeros electos que representan a la Asociación de Fiscales (AF), de sensibilidad conservadora, y el único de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tienen mayoría y sus colectivos ya habían adelantado en sendos comunicados previos su postura sobre este asunto.

Los únicos apoyos cosechados por el jefe del Ministerio Público fueron los de dos consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que en su día presidió el propio García Ortiz, y de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: la número dos del departamento y máxima responsable en el Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, y la fiscal inspectora María Antonia Sanz.

Los miembros de la UPF emitieron un comunicado en el que mostraron su «firme respaldo por razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución» de la Sala Segunda del Supremo. Esta agrupación se escuda en que el auto del alto tribunal da por zanjado que no hubo revelación de datos reservados en la polémica nota de prensa de la Fiscalía, aunque sí sustenta la investigación en los correos filtrados la noche anterior a la prensa. «Si no se reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo. ¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad? Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto», zanjan en su nota.

En el polo opuesto, los seis consejeros de la conservadora AF señalaron que «el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, ya que pone en entredicho la credibilidad de todos los miembros de la carrera mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación».

Horas antes, la Junta de Fiscales formada por 35 integrantes de la cúpula de la carrera (todos ellos fiscales de Sala) se reunieron durante dos horas y media para escuchar a García Ortiz y las razones por las cuales no iba a dimitir. A diferencia del Consejo Fiscal, este primer asalto «de alto voltaje» acabó en una aparente victoria (aunque sin votación) para el fiscal general. Y es que una holgada mayoría de los presentes mostró de una forma u otra su conformidad con la decisión del investigado de no dimitir. De la veintena que tomaron la palabra, menos de la mitad verbalizaron su exigencia de que abandonase el puesto sin esperar a ver en qué queda la causa penal que acaba de iniciarse.

Durante media hora García Ortiz desgranó los motivos para no tirar la toalla y justificó la nota aclaratoria para desmentir el «bulo» de que el Ministerio Público era el que buscaba el pacto con el defraudar confeso González Amador. Asimismo, ante sus compañeros de carrera negó de manera categórica haber sido él la persona que difundió a los medios de comunicación los famosos mails entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto.

Aunque ni iba a haber votación ni tampoco García Ortiz iba a variar su decisión de continuar en su puesto, hubo diferentes intervenciones y todas las fuentes consultadas coinciden en que se registraron «bastantes más» a favor de que su superior jerárquico no dimita, al menos en tanto no avance el procedimiento penal y, sobre todo, para no convulsionar aún más a la institución.

Como era de esperar, en defensa de la postura de García Ortiz salieron buena parte de sus 16 antiguos compañeros de asociación de la UPF, que se encontraron frente a ellos, como también era de imaginar, a varios de los nueve miembros de la conservadora Asociación de Fiscales.

Finalmente el responsable del Ministerio Público obtuvo el respaldo de algunas figuras de gran peso en la carrera como el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde; o la ex fiscal general María José Segarra, actualmente frente a la Fiscalía de Discapacidad y Mayores.

En la otra parte de la trinchera, exigiendo ya su salida sin esperar acontecimientos, se elevaron las voces críticas, entre otros, de los cuatro fiscales del 'procés': Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, enfrentados con su superior por su negativa a defender la legalidad de la amnistía para los independentistas catalanes. Dichos profesionales insistieron en el argumento del desgaste para la institución que supone que García Ortiz sea el primer fiscal general en democracia en estar investigado judicialmente.