La Fiscalía reivindica la acción popular para actuar contra el novio de Ayuso cuando el PSOE pretende restringirla

El Ministerio Público ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que impugna el recurso de Alberto González Amador, el compañero de la presidenta de Madrid, contra la decisión del pasado octubre de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada para investigar al empresario por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, tal y como le habían reclamado las acusaciones populares ejercidas esta vez del PSOE y Más Madrid. La instructora imputa a González Amador, básicamente, el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien el novio de Ayuso trabajó durante años en asesoría sanitaria.

En ese escrito, el Ministerio Público, en el que descarta la administración desleal pero en el que sí ve indicios de corrupción en los negocios (uno de los cuatro delitos por los que está imputada asimismo Begoña Gómez), presenta el caso de la mujer de Pedro Sánchez como ejemplo de que se puede ir ampliando sobre la marcha el «objeto» de una investigación judicial durante la propia instrucción y con el solo apoyo de las acusaciones populares sin que se pueda hablar de una «investigación prospectiva», tal y como ha certificado la Audiencia Provincial del Madrid. El tribunal ha negado en dos ocasiones que existiera irregularidad alguna cuando el juez Juan Carlos Peinado fue extendiendo sus indagaciones originales sobre el rescate de Air Europa o las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés a otros asuntos, como el nacimiento de la cátedra de la encausada en la Complutense o la supuesta apropiación indebida del 'software' de la universidad.

Según recuerda la Fiscalía, en la causa contra la esposa del presidente la Audiencia Provincial «nos ilustra sobre cuál es la función de la acusación popular y cómo el objeto de un proceso judicial puede cambiar según progresa la instrucción». No obstante, el Ministerio Público asegura que no todo son paralelismos entre las causas judiciales a las parejas de los dos dirigentes políticos, porque en el caso de González Amador, a diferencia del de Begoña Gómez, «la 'notitia criminis' no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria en el que el recurrente no ha dado explicación alguna». En esa línea, Fiscalía insiste en que «es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros«.

El pasado octubre, cuando la instructora decidió abrir la pieza separada sobre corrupción en los negocios, aludió a un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.

La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico podía haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.

Entendían PSOE y Más Madrid que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell (González Amador) y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».