La Fiscalía apremia al Supremo para que inhabilite cuanto antes a Torra

Torra fue castigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y medio de inhabilitación por negarse a quitar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat en periodo electoral. Una reiterada negativa que incumplía a sabiendas la orden dada por la Junta Electoral Central (JEC).

En las 28 páginas de su escrito, la fiscal Pilar Fernánde impugna uno por uno los motivos alegados por la defensa de Torra para interesar su absolución, comenzando por la presunta falta de imparcialidad de dos de los vocales de la JEC que ordenó retirar los lazos.

Rechazó, además, que las resoluciones del órgano que controla los procesos electorales tuvieran como finalidad perseguirle políticamente. Un ataque, señala la fiscal, que desvirtúa de hecho la finalidad del recurso de Torra. Precisamente, el abogado de éste, Gonzalo Boye, el mismo defensor de Carles Puigdemont, afirmó que la causa apuntaba a una «clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política».

En esa línea de desacreditar a la justicia española y de internacionalizar el conflicto catalán, el abogado consideró además su condena «absolutamente excepcional en el Derecho comparado, sin parangón en ninguna sociedad democrática» del entorno, y que afecta a los derechos de Torra pero también a los de sus votantes. Un aviso a navegantes de que llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se consuma la inhabilitación y el Constitucional la ratifica.

En el juicio, Torra reconoció que desobedeció a la Junta Electoral Central y se proclamó víctima de un «juicio político»: «No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal», alegó el presidente.

La otra parte personada, el partido político Vox, solicitó a la Sala que confirme la pena sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al igual que la Fiscalía. De darse el visto bueno a esta petición ya no se tendría que resolver el recurso y la inhabilitación sería firme, de lo contrario la Sala podría tardar unos meses en decidir sobre el futuro de Torra.