La Fiscalía pide a la jueza del 'caso Hulla' que investigue el desvío de fondos a Rumanía

Los anónimos, ya incluidos en las diligencias de investigación del caso, apuntan a nombres y transacciones concretas. Por ejemplo, al cobro de «comisiones de un 10%» a los proveedores de las residencias que el Montepío de la Minería gestiona en Roquetas del Mar (Almería) y Los Alcázares (Murcia). Según detallan los textos, las ahora exdirectoras de las residencias, Dorina Bicher y Daniela Cosbuc, ambas relacionadas sentimentalmente con Postigo, eran las encargadas de cobrar este 10% a las empresas con las que trabajaban en los destinos vacacionales.

«Los receptores de este 10% eran ellas mismas, Postigo y Villa. Ese movimiento de maletines ya fue denunciado por un expresidente del Montepío y por ello fue destituido», afirma la misiva remitida a Fiscalía. En concreto, el anónimo hace referencia a facturas concretas que podrían servir para rastrear este presunto pago de mordidas. Daniela Cosbuc, exdirectora del residencial de Roquetas del Mar, habría firmado documentos derivados del cobro de esta comisión a dos empresas de congelados y alimentación radicadas en Almería.

En caso de poner en marcha las pesquisas para comprobar la veracidad de las acusaciones, una de las primeras paradas sería la empresa de congelados andaluza. Ésta, según apunta la misiva, aún conserva documentación de las presuntas irregularidades cometidas. «Respecto a la documentación firmada por Daniela Cosbuc reconociendo la percepción de dicha comisión, es debido a que el proveedor de los congelados le obligaba a firmar para darle dicha comisión. Este documento obra en poder de dicha empresa», afirma el texto.

El tercero de los anónimos, tomado en consideración por la Fiscalía el 7 de febrero, apunta directamente a Rumanía como destino principal de la evasión de fondos procedentes del Montepío. A través de las cuentas de Bicher, Cosbuc y de la actual responsable del residencial de Roquetas, Aurelia Balos, se podría rastrear la fuga de fondos hacia el país del este de Europa, siempre según la información facilitada por los anónimos.

Precisamente sobre la actual responsable del complejo almeriense se pone el foco en relación a otra presunta actividad delictiva. Se trata del cobro de «entre 6.000 y 12.000 euros presuntamente provenientes del desvío de fondos de la mutualidad». El pago, en este sentido, habría venido impuesto desde el asesor fiscal del Montepío, también investigado en el caso, José Manuel Fernández. Esta suma de dinero habría pasado previamente por la cuenta personal de Cosbuc, predecesora de Aurelia Balos en la gestión del complejo andaluz.

Estas diligencias están ya en manos de todas las partes personadas en el caso, que continúa avanzando con varios frentes abiertos. La tramitación de los terrenos de la residencia de Felechosa -por la que ahora investigan a toda la Corporación de Aller entre 2008 y 2010- y la responsabilidad del Gobierno central en la concesión de la subvención son dos de ellos.