La Fiscalía da oxígeno a Torra al apoyar que siga de momento al frente de la Generalitat

Este guiño a Torra es la primera decisión de calado del Ministerio Público sobre una materia sensible desde que se conociera esta semana la decisión, no exenta de polémica, de Pedro Sánchez de proponer a la exministra Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado y de que esta designación provocara una tormenta en los tribunales, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial evitara certificar su «idoneidad» en su reunión del jueves. No obstante, al menos formalmente, Delgado, a la que le falta el trámite de pasar el examen ante la Comisión de Justicia, todavía no ejerce como máxima responsable del Ministerio Público, puesto que ocupa de forma interina el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas.

Sea como fuere, el Ministerio Público en su escrito al Supremo se muestra muy beligerante con la actuación de la Junta Electoral, por mucho que ésta se apoyara para su resolución en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado diciembre condenó a Quim Torra por desobediencia a un año y medio apartado de la función pública.

En sintonía con el planteamiento de los independentistas, la Fiscalía mantiene que la JEC se saltó directamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), porque ésta «no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños».

Es más, el escrito que firma el fiscal Pedro Crespo denuncia la extralimitación de la Junta, ya que la apreciación de esas causas de inelegibilidad o incompatibilidad correspondería al órgano «en el que ejerce su función de representación política el interesado», o sea, el Parlamento autonómico.

Tras este duro varapalo a la JEC, el Ministerio Público apoya la petición de medidas cautelares del presidente, argumentando que si se hace efectiva la inhabilitación dictada por la Junta Electoral y luego es absuelto por el Supremo, el daño a Torra sería irreparable. En su escrito de 21 páginas, la Fiscalía entiende que, «en orden a la prudente y equilibrada preservación» de los intereses en conflicto, considera «asumible» la petición de Torra hasta que la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal resuelva si la decisión de la JEC del pasado 3 de enero es conforme o no a derecho.

El Ministerio Público sostiene que «nada impide» asumir la petición del jefe del Ejecutivo catalán ante «las probabilidades de que la pretensión del recurrente pueda resultar total o parcialmente viable». Y, sobre todo, recuerda la Fiscalía, «un fallo favorable» para Quim Torra si ya ha sido inhabilitado previamente quedaría «plenamente privado de eficacia».

Para la Fiscalía, «no se puede dar la espalda a la evidencia de que, en la práctica, el ejercicio de su mandato podría verse notablemente recortado o incluso desvirtuado por completo» si no se admite la medida cautelar y el Supremo termina por revocar el fallo del TSJC y la resolución de la Junta Central Electoral.