La Fiscalía interroga este martes en el juicio a los «promotores» civil y legislativo del 'procés'

Cuixart lleva en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017. La entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -hoy en el Supremo- colocó al líder independentista en la dirección de las protestas del 20 y 21 de septiembre anterior frente a Consejería de Economía y Hacienda, después de que estallara la operación judicial contra los organizadores del referéndum. Al igual que su colega de la ANC Jordi Sànchez, Lamela tildó su comportamiento de sedicioso (delito contra el orden público) por apelar a la resistencia con el fin de impedir la aplicación de la ley.

Sin embargo, antes de remitir la causa al Tribunal Supremo después las querellas presentadas por la Fiscalía General por un delito de rebelión (contra el orden constitucional), la juez consideró que los hechos investigados no constituían un episodio aislado. Se enmarcan, alegó, dentro de una estrategia compleja «con la que desde hace tiempo vienen colaborando Sànchez y Cuixart, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar».

En su primera declaración ante el juez Pablo Llarena, instructor del 'procés' en el Supremo, Cuixart intervino durante una hora y media y se reafirmó en el ataque a la democracia que supuso intentar impedir la votación del 1 de octubre de 2017. Pero también hizo una matización claramente pensada para salir de prisión. Aseguró a Llarena que el único «referéndum válido» será el que convoque el gobierno español, rechazando así la vía unilateral y acatando la Constitución.

Con respecto a los incidentes del 20 y 21 de septiembre, el presidente de Òmnium declaró que «se pidió a la gente votar en el referéndum» y que en «ningún momento nadie los avisó de que estaban cometiendo una ilegalidad». Es más, que cuando se dieron instrucciones claras de disolver la manifestación, él actuó. De nada le sirvieron entonces estas palabras, porque Cuixart siguió encarcelado por riesgo de fuga hasta su comparecencia hoy ante el tribunal del 'procés'.

A Carme Forcadell, en prisión desde marzo de 2018, también se le adjudica el título de «promotora» como principal representante del poder legislativo en Cataluña. Bajo su Presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las denominadas leyes de «desconexión» del Estado y permitió la votación de la declaración unilateral de independencia (DUI). Por este papel, la Fiscalía le pide como a Cuixart 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación.

En su declaración ante el juez Llarena en enero de 2018, la dirigente de ERC -entonces en libertad provisional- acató el artículo 155 de la Constitución, que intervino la autonomía de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, que según Forcadell tuvo un carácter «simbólico».

Forcadell contestó a las preguntas de la Fiscalía y su defensa y señaló que siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar su contenido. «Para preservar el derecho a la actividad parlamentaria y al debate libre», subrayó. Es decir, ponderó entre estos principios y las reiteradas advertencias previas del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del 'procés'. Una línea argumental muy extendido entre los procesados que ya han comparecido ante el tribunal y que tuvieron capacidades ejecutivas.