La Fiscalía atribuye a Graciano Torre posibles delitos de malversación y prevaricación en el 'caso Hulla'

El 'caso Hulla', aún en fase de instrucción, surgió a raíz de una investigación de Anticorrupción para conocer el origen de la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA José Ángel Fernández Villa. De ella surgió una presunta trama de corrupción en relación a la obra de construcción de la residencia del Montepío. Y, para que fuese posible, hizo falta contar con fondos, 30 millones de euros concedidos en el marco de los convenios de los fondos mineros. Las tres personas que Anticorrupción pretende investigar «habrían consentido, con sus actuaciones de favor, que los fondos mineros sufragasen la construcción de un nuevo complejo residencial. También habrían permitido que dichos fondos enriqueciesen fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás» del proyecto.

El relato de la Fiscalía describe punto por punto el proceso de adjudicación de los fondos sin que se hubiera aplicado «ningún mecanismo de control», ni siquiera del monto inicial de los trabajos. La traba legal que suponía que solo el 1% de los fondos pudiera dedicarse a proyectos de este tipo fue también resuelta, sostiene la Fiscalía, que señala que la adjudicación de los fondos llegó incluso antes de que el cambio de la norma se publicase en el Boletín Oficial del Estado. «Los responsables del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Principado abusaron de las prerrogativas del cargo, actuando con la permisibilidad mas absoluta, lo que consumaría el desvío de los fondos mineros que controlaban o gestionaban». El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, aseguró ayer que «si Villa se metía dinero en el bolsillo, era porque otros miraban para otro lado».