La Fiscalía acusa a Pedro Castillejo de utilizar la fundación del SOMA como «su propio reino»

En su alegato final, Castillejo defendió su inocencia negando que se hubiera llevado «ni un solo céntimo» del Infide y quiso destacar su total entrega a la fundación, «que era mi vida, a lo que me dedicaba» y para la que trabajaba «siete días a la semana». El imputado, que previamente escuchó las conclusiones de la Fiscalía y la acusación particular, mantuvo que «justificó documentalmente todos los gastos, se diga lo que se diga» y que había «hojas de gasto, guste o no guste». E insistió en responsabilizar a quien fuera contable de la organización, Juan Cigales, de haber perdido las facturas. Castillejo dijo tener la «conciencia tranquila» y se quejó de los «tres años de martirio» que él y su familia han vivido como consecuencia de este proceso, aunque la emoción le impidió acabar su discurso.

Previamente, tuvo que escuchar duras palabras tanto del fiscal Enrique Valdés-Solís, como del abogado de la acusación particular, Miguel García Vigil, sobre su forma de actuar. El primero concluyó que el investigado «usó el Infide como su patrimonio personal, como su reino, sin justificar ningún gasto», y le acusó de ocultar de forma intencionada al resto del Patronato el uso que se daba a los fondos de la fundación. Le reprochó además que tratara de «descargar la responsabilidad» sobre el contable, puesto que «si bien su conducta no era ejemplar y se hacía el loco, no tenía competencias» para rechazar los gastos que se le presentaban. En palabras del fiscal, la actuación de Cigales «era impuesta por el todopoderoso secretario general del SOMA», en alusión directa a José Ángel Fernández Villa.

Valdés-Solís rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa, que entiende que los gastos de Castillejo estaban justificados. «El hecho de que estén contabilizados no es suficiente», resolvió el fiscal, quien defendió que los gastos no solo deben estar relacionados con la actividad que se desarrolla sino que deben ser «admisibles». «Al Patronato le corresponde decidir cómo se administran sus fondos y ningún patrono declaró conocer el destino del capital. Se les ocultó», insistió. Tampoco dio por buena la prueba pericial contable presentada por Castillejo porque «parte de la premisa de que existieron unos justificantes, algo que en el juicio oral se da por incierto».

La acusación particular se manifestó en la misma línea. García Vigil habló del «dominio absoluto» de Castillejo sobre la fundación y le consideró responsable último de los desajustes contables de este ente. Resolvió que se apropió de los 114.000 euros que el SOMA le reclama ahora de forma «ilícita» puesto que el Patronato «ni tenía conocimiento del uso que se daba a esos fondos, ni aprobó nunca un procedimiento para que ningún patrono pasara a la contabilidad de la fundación este tipo de gastos, ni mucho menos era conocedor de que Castillejo había solicitado tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas de la entidad».

El letrado, del bufete Ontier, entiende que quedó constancia durante la vista oral de que Castillejo tuvo la oportunidad de justificar los gastos antes de que el SOMA interpusiera la querella -así lo hizo constar el actual secretario general del SOMA y presidente del Infide, José Luis Alperi- y concluyó sentenciando que «no puede quedar impune» la actuación del investigado, al que José Ángel Fernández Villa le dio un «cargo de oro» mientras al contable le decían «tú apunta y chitón». Este último, le excusó, no tenía capacidad para rechazar gastos y «lo único que podía hacer era reflejarlos en el balance». García Vigil llegó incluso a comparar la actuación de Castillejo con la de los acusados del conocido caso de las 'tarjetas black'.

La defensa, a cargo del letrado Alfredo García López, pidió la absolución al entender que no existen pruebas contra su cliente, sino un «desfase contable y documental increíble y ausencia de las justificaciones contables que sí figuran en la propia contabilidad». Insistió el abogado en que la querella está basada en una contabilidad «que es falsa» y criticó que la acusación reclame a Castillejo «indiscriminadamente» todos los gastos, sin que se hubieran considerado justificados por la propia actividad de la fundación ninguno de ellos. Se mostró convencido, igual que lo hiciera el propio Castillejo durante su declaración, de que la querella obedece a una «venganza» del sindicato sobre su defendido, pero también reprochó que fuera «temeraria e infundada». El juicio queda ahora visto para sentencia en lo relativo a Castillejo, mientras el procedimiento relacionado con Villa sigue en al aire. Si no se retoma en el plazo de un mes, la ley obliga a repetir toda la vista oral.