La fiscal de Madrid declara que 500 personas tuvieron acceso al correo del novio de Ayuso

Rodríguez estaba citada en la causa abierta el pasado octubre en el Supremo por un delito de revelación de secretos, en la que también se investiga a García Ortiz y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, quien deberá acudir a declarar ante el Supremo el próximo miércoles. Durante las dos horas de interrogatorio, Rodríguez ha negado ser la filtradora del correo, ha recordado que 60 personas de su departamento tuvieron acceso inicial al 'mail' del 2 de febrero de 2024 y que, a partir del 5 de marzo siguiente, otras 500 pudieron tener conocimiento de esta comunicación y del expediente de la Agencia Tributaria contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales.

Esta cronología temporal, según ha explicado la investigada al juez Hurtado, supone que ocho días antes de que el propio fiscal general le reclamara el citado correo del abogado de González Amador, en el que admitía su responsabilidad penal en busca de un acuerdo, no solo pudo ser visto por estas 500 personas de su departamento, sino que ya se había publicado en un medio de comunicación: eldiario.es. Una secuencia de hechos que de momento no ha sido asumida por el magistrado, que sigue apuntando a García Ortiz.

La compareciente, precisamente, fue la persona que la noche del 13 de marzo de 2024 pidió al fiscal que investigaba a la pareja de Díaz Ayuso, Julián Salto, que le enviara todos los correos intercambiados con el abogado para elaborar la nota de prensa aclaratoria que la Fiscalía terminó publicando la mañana del día 14. Salto le remitió dichos correos a Rodríguez y ella los reenvió al fiscal general.

La fiscal ha desglosado ante el juez las cifras. Ha detallando que al menos doce fiscales y cuatro funcionarios de Delitos Económicos tuvieron acceso al correo electrónico genérico de la propia sección. Además, ha sostenido que un número indeterminado de personas pudieron acceder al despacho compartido del fiscal Julián Salto, y que el correo se deja encima de su mesa durante 20 horas en un despacho que no se cierra con llave. Según Rodríguez, en esa misma planta de la Fiscalía Provincial hay, además, otros 27 fiscales y 11 funcionarios de otras especialidades, además del teniente fiscal y su secretaria.

En este contexto, ha asegurado que también tenían acceso al correo genérico de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid ella misma, el teniente fiscal y cuatro funcionarios. Por último, también ha recordado que pudieron tener acceso a esa documentación todas aquellas personas a quienes pudieran habérselo enviado el propio González Amador y su abogado, como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, tal y como admitió en su testifical.

El interrogatorio de la fiscal provincial, que a diferencia de García Ortiz sí ha respondido a preguntas del juez, ha tenido lugar después de que comparecieran más de una decena de testigos, incluida el propio Salto; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; dos jefes de prensa de la Fiscalía y varios periodistas.

El instructor acordó la imputación de Rodríguez al apreciar que había «elementos suficientes» para ello. En concreto, destacó el hecho de que se pusiera «a disposición de García Ortiz», de que fuese «la persona que facilita a Villafañe el expediente de González Amador que acaba filtrándose el día 12 de marzo en eldiario.es» y de que se prestase a «hacer llegar el correo de 2 de febrero (...) a la Fiscalía General del Estado».

Cabe recordar que el punto de partida de la investigación, cuando aún estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue la nota de prensa que difundió el Ministerio Público la mañana del 14 de marzo para desmentir la publicación en 'El Mundo' de la noche anterior, donde se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de la pareja de Díaz Ayuso cuando en realidad fue al revés. No obstante, el Supremo, al asumir la causa, descartó que hubiese una revelación de secretos en aquel comunicado porque los datos que ofrecía ya se habían publicado horas antes en los medios.

Así las cosas, el alto tribunal puso el foco en la filtración a la prensa, durante la noche del 13 de marzo, en el correo electrónico en cuestión, el que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero al fiscal Salto, quien descartó ante el juez Hurtado que se tratase de una negociación formal, de un secreto o de una información privada.

En su intento de esclarecer qué pasó el 13 y el 14 de marzo, el magistrado ordenó la entrada y registro en el despacho del fiscal general y en el de la fiscal jefa provincial de Madrid. También autorizó que se incautarán todos los dispositivos electrónicos y encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizase los chats y correos electrónico enviados y recibidos entre los días 8 y 14 de ese mes.

En los dispositivos del fiscal general, la UCO halló «cero mensajes»; en el caso del móvil de la fiscal jefa provincial, redactó un informe con un relato cronológico de «todas las comunicaciones» que mantuvo con «otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados», incluidas las mantenidas con García Ortiz la noche antes de que se publicara la nota informativa. Además, preguntada por el protocolo de borrado de información referido por el fiscal general, ha aludido también a la instrucción de Protección de Datos de 2019, señalando, no obstante, que mantener los correos electrónicos imprescindibles es necesario para continuar la labor diaria.