El fiscal del 'caso Hulla' atribuye al alcalde de Aller un presunto delito de prevaricación

En el caso de Moreno Bobela, que ejerció como concejal de Urbanismo durante la época investigada, se le achaca la «omisión» en su cometido de «velar por la ordenación urbanística del municipio» y siendo consciente de que la construcción del geriátrico no contaba con los permisos pertinentes. A la actuación de ambos cargos políticos, según subraya la Fiscalía, se une la «omisión de las advertencias» de los técnicos municipales.

La solicitud de la Fiscalía, con fecha del 7 de noviembre, fue aceptada por la jueza, quien emplaza a ambos investigados a declarar en sede judicial el próximo día 11. También lo harán como investigados Rocío San José -esposa de Juan Antonio Fernández, propietario de Alcedo de los Caballeros- y a Juan Carlos Riera Blanco, socio de Fernández. Precisamente este último acudirá al juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo para dar su versión sobre el presunto blanqueo de capitales que llevó a cabo la constructora tras la licitación de las obras, sufragada con fondos públicos concedidos al Montepío de la Minería.

En este sentido, según recogió ayer la TPA, el que fuera socio al 50% de Juan Antonio Fernández en Alcedo de los Caballeros regularizó en noviembre de 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal, 360.000 euros. Se investiga ahora si dicha cantidad pudo provenir de actividades ilícitas. La investigación, asimismo, sitúa a Riera como presunto testaferro de la trama de blanqueo de dinero y como encargado de transferir dinero a «terceras personas» con el objetivo de conseguir el dinero de la subvención y la adjudicación de la obra. En este sentido, ambos constructores se habrían embolsado unos 7 millones de euros por la construcción del geriátrico. De esos millones, ya habrían sido localizados cuatro.

A raíz de las declaraciones tomadas por la Guardia Civil en calidad de testigos, también deberá comparecer para testificar en el juzgado de Oviedo, el 10 de diciembre, el exgerente del Instituto del Carbón, Juan Miguel Benítez Torres, quien en su declaración ante la Guardia Civil en septiembre afirmó que «la ayuda para el geriátrico de Felechosa vino impuesta por el Gobierno de Zapatero». Ese mismo día también están llamados a testificar, entre otros, el exsecretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe; el ex secretario de Organización del SOMA, Jesús Armando Fernández Natal y la exconcejala de Medio Ambiente y en Aller, María Esther Martínez Lillo. Todos ellos, a diferencia del regidor y exregidor de Aller, acudirán en calidad de testigos.

Además de los ya citados, figuran como investigados José Ángel Fernández Villa, José Antonio Postigo, el arquitecto Manuel Sastre y el asesor fiscal del Montepío en la época en la que tuvieron lugar los hechos, José Manuel Fernández. Asimismo, aparecen como implicados en el caso el entorno familiar de Villa y Postigo e, investigados en un segundo plano, están el aparejador de la obra, Vicente Fernández; al actual asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y dos empresarios que trabajaron para la empresa constructora Alcedo de los Caballeros durante las obras de la residencia.

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