ANA MORIYÓN
OVIEDO.
Miércoles, 13 de enero 2021, 03:47
La decisión de la Fiscalía del Principado de pedir la suspensión de la pena de tres años de prisión interpuesta por la Audiencia Provincial a José Ángel Fernández Villa por un delito continuado de apropiación indebida de los fondos del SOMA, y el ... anuncio por parte de los actuales dirigentes sindicales de aceptar esta solicitud, basada en los últimos informes médicos, fue recibida con satisfacción en el ático del barrio ovetense de La Florida donde el histórico sindicalista convive con su mujer.
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El Ministerio Fiscal considera que, según el último informe forense elaborado tras una exploración realizada justo antes de las fiestas navideñas, las condiciones mentales de Villa han empeorado desde la celebración del juicio en junio de 2018 y esta situación le impide «comprender el sentido de una privación de libertad».
Su mujer, María Jesús Iglesias, celebra la resolución del Ministerio Público y del sindicato minero que, durante los últimos años, han agotado todos los recursos a su alcance para que el exlíder sindical se sentara en el banquillo de los acusados y fuera condenado, pese al intento de la defensa de evitarlo aludiendo precisamente al deterioro cognitivo de su cliente.
María Jesús Iglesias reconoce, en conversación con EL COMERCIO, que José Ángel Fernández Villa «se entera, y no se entera», de todo el proceso judicial celebrado en relación a su figura, así como de la condena que pesa sobre él de tres años de prisión por quedarse durante años con las dietas que correspondían a los delegados sindicales del SOMA en Hunosa, y por cargar a las cuentas de la central gastos personales de todo tipo, por un importe superior a los 430.000 euros. «Cuando suena el timbre de casa me pregunta '¿Tienes la maleta preparada? Vienen a por mí'», desvela su mujer.
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En la vivienda de Villa impera la prudencia hasta conocer la decisión final, que corresponde a la Audiencia Provincial. «Estamos aún creyéndonoslo y no creyéndonoslo, a la espera de que sea algo definitivo», comenta Iglesias. No obstante, insiste en que el exsindicalista sufre una enfermedad cognitiva desde hace años -«ya le trataban en el viejo HUCA», apunta- y recuerda incluso que, durante la gran huelga minera de 2012, fueron varios los compañeros del sindicato que se dieron cuenta de que «empezaba las frases y no sabía acabarlas» y así se lo hicieron saber a ella. «Es difícil ocultar este tipo de enfermedad porque le preguntas algo y contesta lo contrario», asegura.
Justifica de esta forma María Jesús Iglesias los continuos intentos por parte de la abogada de Villa, Ana García Boto, para tratar de impedir en primer lugar que se celebrara el juicio, que fuera a declarar tanto en el periodo de instrucción como en el propio juicio y, tras ser condenado a tres años de prisión por la Audiencia Provincial y ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo, que tuviera que ingresar en la cárcel. Se queja además de que, con el cuadro médico que presenta su marido, «se haya dejado pasar tanto tiempo, porque ya estaba enfermo cuando comenzó el juicio. Han hecho leña del árbol caído».
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El Ministerio Público, que hasta la fecha siempre había rechazado los argumentos de la defensa, reconoce ahora y en atención al último examen médico que el penado presenta «una enfermedad que sí se puede calificar de muy grave, por cuanto afecta a elementos esenciales del desarrollo personal (actividades básicas) y por el grado de afectación». Según desvela la Fiscalía, el último informe médico detecta «un mayor deterioro generalizado a pesar del seguimiento médico y tratamientos pautados», «poca conectividad con el medio», falta de «lenguaje espontáneo» e incapacidad de «ejecutar órdenes seriadas básicas».
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