Villa, «incapaz de comprender el sentido de la condena»

La Fiscalía basa su solicitud en el informe de la última exploración forense a la que ha sido sometido Villa y, aunque no es concluyente, podría tener especial peso en la decisión final, que corresponde a la Audiencia Provincial. De hecho, la acusación particular, que ejerce el SOMA, no se opondrá a la petición del Ministerio Público. «Habiendo dos informes de origen objetivo y neutro, como son el del forense y el del Ministerio Fiscal, que desaconsejan su entrada en prisión, no vamos a oponernos», explicó ayer el abogado Miguel García Vigil, del bufete Ontier, quien defiende los intereses del sindicato, y que está en proceso de recuperación de la indemnización impuesta al penado.

El fiscal considera que «el mayor deterioro cognitivo» de Villa desde la celebración del juicio oral en el verano de 2018 supone una «afectación tan severa que se encuentra en situación de falta de percepción de estímulos externos, o al menos de una forma tan relevante que le impide comprender el sentido de la pena de prisión».

La defensa de Villa viene aduciendo este deterioro cognitivo desde que, en enero de 2016, arrancara la instrucción del caso para evitar sentar en el banquillo al ex secretario general del SOMA, que cumple este mes 78 años. De hecho, los continuos recursos presentados por parte de su abogada, Ana Boto, retrasaron hasta marzo de 2017, y tras someterse a varios exámenes neurológicos, su comparecencia ante la jueza de instrucción. El propio juicio fue pospuesto inicialmente atendiendo a las alegaciones de la defensa y suspendido durante días como consecuencia de un ingreso hospitalario. Después de que la Audiencia Provincial le condenada a tres años de prisión en septiembre de 2018, y que la sentencia fuera ratificada dos años después por el Tribunal Supremo, Villa volvió a alegar estar enfermo para eludir la cárcel. Por petición de la acusación, fue sometido a un nuevo examen médico.

El Ministerio Público, que hasta la fecha siempre había rechazado los argumentos de la defensa, reconoce ahora y en atención al último examen médico que el penado presenta «una enfermedad que sí se puede calificar de muy grave, por cuanto afecta a elementos esenciales del desarrollo personal (actividades básicas) y por el grado de afectación».

Según desvela la Fiscalía, el último informe médico detecta «un mayor deterioro generalizado a pesar del seguimiento médico y tratamientos pautados», «poca conectividad con el medio», falta de «lenguaje espontáneo» e incapacidad de «ejecutar órdenes seriadas básicas». Todo ello, entiende la Fiscalía, dificulta «notoriamente la posibilidad de comprender el sentido de la pena». Se trata, en definitiva, de «una persona que tiene dificultad para comprender la realidad externa, por lo que ha de presumirse que esta dificultad será mayor aún para comprender el sentido de una privación de libertad».

Pide por ello suspender la pena con base en el artículo 80.4 del Código Penal.