El PP estará vigilante ante los posibles «enjuagues» presupuestarios que pueda llevar a efecto el Gobierno en su intento por esquivar al Congreso para cumplir ... con el compromiso de aumentar el gasto en defensa adquirido con la Unión Europea y la OTAN. Los populares consideran que los atajos que podría utilizar Pedro Sánchez para las inyecciones de gasto militar y evitar así choques con unos aliados que mantienen posturas claramente antibelicistas se asoman a un «fraude de ley» y abren la puerta a acudir a los tribunales si el presidente elige esa vía. «Cuando se da la anomalía de que vamos a tener que incrementar en varios miles millones de euros nuestro gasto en defensa, pero no para un par de años sino con carácter permanente, es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley», alertó Alberto Núñez Feijóo, de visita en una bodega en Valladolid.
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El encuentro que mantuvo la víspera con el jefe del Ejecutivo, que el propio líder de la oposición rebajó a «charla de café», no despejó las dudas sobre la contribución española a la nueva política de defensa de la UE. Por más preguntas que Feijóo planteó a Sánchez, no obtuvo respuestas. Pero lo que sí le quedó claro, a él y al resto de portavoces políticos que desfilaron por La Moncloa, es que el presidente pretende sortear que dicho aumento pase por el Parlamento, lo que conduciría, en opinión del jefe de la oposición, a una «autocracia». «Si ya en materia de seguridad y defensa no hay respeto al Congreso, nos deslizamos hacia un barranco de autocracia que espero y deseo –remarcó – no se consolide ni cristalice».
En la cúpula del PP esgrimen que un aumento del presupuesto en defensa de tal envergadura –del 1,28% actual, según cuantifica la OTAN, al 2% del PIB– «trasciende a Sánchez y a este Gobierno», y que, por ese motivo, el presidente no puede pretender asumirlo sin recibir el aval del Parlamento. Hacerlo políticamente es «un asalto» y, jurídicamente, apuntan las mismas fuentes, «una fórmula espuria» que, además, va en contra de la Ley General Presupuestaria. De ahí, el posible fraude de ley en el que incurriría el Ejecutivo. «Intentar hacer un documento de retención de crédito o de no disponibilidad de gasto de los ministerios para intentar conseguir un poco de dinero, o tirar de fondos de contingencia para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin autorización legal para los siguientes años es un fraude de ley», incidió Feijóo.
En el entorno del líder de los populares recuerdan además que engrosar las cuentas del ministerio que dirige Margarita Robles, ya sea mediante créditos o a través del Fondo de Contingencia, comprometerá a futuros gobiernos. Y así se lo trasladó Feijóo a Sánchez en La Moncloa. «No tiene legitimidad para comprometer créditos del dinero de los españoles en las próximas décadas en materia de defensa y seguridad», reiteró este viernes el jefe de los populares.
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A sus ojos, el tetris que pretende llevar a cabo el Ejecutivo para que los números en Defensa salgan, sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por tercer año consecutivo, bordea «la falta de respeto a las reglas básicas de la democracia». Y avisa de que su partido no va a entrar en ese juego pudiéndose convertir en «cómplice» de «esta anomalía democrática permanente» en la que vive el país. En todo caso, Feijóo no se cierra a un acuerdo con Sánchez. Está dispuesto «a dialogar y negociar» siempre que se den las condiciones para ello. Y en las circunstancias actuales, cree el jefe de la oposición, no se dan.
Alberto Núñez Feijóo reiteró este viernes su compromiso en primera persona con las familias de los fallecidos por la dana para «saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y que se investigue hasta el final». «La investigación es lo mínimo que podemos ofrecer a las víctimas. La vida no se la podemos devolver, pero, al menos, la dignidad a las familias es un compromiso que yo asumo como presidente del primer partido de nuestro país», aseveró durante su visita a Valladolid.
Sin novedades con respecto al futuro político de Carlos Mazón, sobre el que se ha estrechado el cerco judicial en las últimas semanas, Feijóo pidió dar tiempo tanto a la instrucción como a las dos comisiones abiertas en el Congreso y en el Senado para indagar sobre la trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Aunque «de momento» sostiene a su barón valenciano, el líder nacional del PP no cierra la puerta a dejarlo caer en un futuro si se diesen las circunstancias. Es decir, si resulta imputado.
Mientras aumenta la presión desde fuera y dentro del partido para que obligué a Mazón a dar un paso atrás, Feijóo seguirá «esperando al contenido y al alcance de la investigación» antes de precipitar cualquier decisión. «Los muertos en Valencia necesitan que los políticos –recalcó– asumamos las responsabilidades que correspondan». A buen entendedor, pocas palabras.
En su último auto, la jueza de Catarroja dinamitó el relato de Mazón al descargar toda la responsabilidad en el Gobierno autonómico. La instructora dejó claro que la Generalitat tenía información «sobrada» de la gravedad de la situación con «antelación suficiente» pudiendo así haber evitado muertes y dio un paso de calado procesal al citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y a quien era su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. También invitó a Mazón a testificar de forma voluntaria. Una opción que el líder valenciano no contempla.
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