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Desde que Pedro Sánchez logró resistir en las generales del 23 de julio de 2023 y continuar en La Moncloa gracias al pacto con los soberanistas catalanes y vascos, Alberto Núñez Feijóo y los suyos han tenido el enemigo en casa: la ansiedad. La ambición ... de hacer caer en diferido una legislatura que el PP cree que ya nació herida de muerte se ha topado en este primer año del tercer mandato de Sánchez con la determinación del presidente de seguir haciendo de «la necesidad virtud», como con la ley de amnistía, para mantener compactada la mayoría de la investidura -el último y muy trabajoso episodio lo escribió el refrendo de la reforma fiscal el jueves en el Congreso; y con las propias necesidades de los socios, que amagan pero sin tumbar, y con el PNV dado casi por perdido por los populares dada su dependencia de los socialistas en Euskadi.
Con este marco sacudido por la amenaza judicial en que se ha convertido Víctor de Aldama, el factótum del 'caso Koldo-Ábalos', Feijóo no dará el paso de forzar una moción de censura simbólica -es decir, para perderla, constatado de nuevo que ni los peneuvistas ni Junts están hoy por secundarla- y se sitúa en una espera presionante convencido de que la marmita de la corrupción acabará escaldando al Gobierno y al PSOE.
«Esto va a fuego lento, quedan aún muchas cosas por saber, testificales y volcado de teléfonos por hacer... Va para años», pronostican en Génova sobre las eventuales consecuencias ante los tribunales de un sumario al que De Aldama -«que no está protagonizando un ajuste de cuentas, sino que está pidiendo ayuda» a la Fiscalía, inciden fuentes de la dirección popular- acaba de incorporar una explosiva declaración voluntaria en la que acusa a ministros y cargos del PSOE de recibir mordidas. Los de Feijóo, que otorgan credibilidad a todo lo apuntado por el encausado tras el pacto suscrito con Anticorrupción a cambio de información y pruebas, sostienen que lo que ahora les toca a ellos es esperar, ver y desgastar. «Quitarnos presión», resumen las voces consultadas, con el PP decidido a focalizar ya su presión sobre el 41º congreso federal del PSOE que empieza este mismo viernes en Sevilla.
La testifical de De Aldama ante el juez Ismael Moreno ha devuelto la legislatura adonde el PP pretendía retenerla -en la supuesta corrupción del «'sanchismo'»- una vez que la amnistía ha encallado en los tribunales y se habían judicializado tanto el 'caso Ábalos-Koldo' como las imputaciones contra la mujer y el hermano del presidente. Y ello tras casi un mes a la defensiva por la contestada gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, un frente de descontento que la dirección nacional confía en aplacar con la reconstrucción encomendada al teniente general Gan Pampols.
Ahora, con De Aldama en libertad asegurando que puede probar el pago de comisiones ilegales y extendiendo la sospecha sobre una supuesta financiación irregular del PSOE, los populares apuntan al desfile de ministros por la comisión de investigación del Senado -con María Jesús Montero a la cabeza este martes- y al congreso con que sus rivales pretendían recobrar la iniciativa. Sánchez «debe dimitir» en el cónclave sevillano ante los «indicios de conductas delictivas», preludió ayer Feijóo en El Confidencial.
«Estamos en la fase de aguantar y maximizar el desgaste», resumen en Génova, que ha contraprogramado la que los socialistas concebían como la gran cita para relanzarse con una Intermunicipal propia en Valladolid. Una convocatoria con la que los populares buscan proyectar poderío como alternativa de gobierno frente a un PSOE que, auguran, va aprovechar el suyo «para purgar a los críticos» y no la corrupción.
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