Podemos no renuncia a tener un vocal en el CGPJ pese al papel protagonista de PPy PSOE

En la formación que lidera Ione Belarra consideran que la carrera judicial está dominada por «una tendencia conservadora». Por ello, Podemos exigió tener presencia directa en las negociaciones para renovar el órgano judicial con su mandato hoy caducado. El mismo protagonismo que tenían en la época de Pablo Iglesias como vicepresidente, cuando Gobierno y PP estuvieron a punto de cerrar una renovación que sigue atragantándose a día de hoy.

Los morados lograron entonces situar en la mesa dos nombres, los de la jueza Victoria Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada. El primero fue descartado por el PSOE por cercanía a los morados (acudió en sus listas electorales) y Unidas Podemos aceptó el veto. Pero fue el caso de De Prada, el juez encargado de redactar la sentencia del 'caso Gürtel' que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, el que hizo descarrilar las conversaciones con el PP.

En esta ocasión no han trascendido los candidatos de Podemos, ni si se trata una vez más de Rosell o De Prada, porque Díaz lleva las riendas con más cautela que su antecesor. El pasado lunes por la tarde reunió a los actores principales del grupo confederal para coordinar su acción: Irene Montero (Podemos), Alberto Garzón (IU), Jaume Asens (En Comú) y Enrique Santiago (el negociador designado para esta cuestión). La consigna era fijar una postura común y frenar el ruido interno.

Mientras tanto, en la mesa de negociación y a cuatro días del cara a cara en el Senado entre Sánchez y Feijóo, que se adivina tenso, los contactos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición continúan «con discreción y tiento», según las fuentes consultadas. El escollo para el acuerdo sigue siendo la reforma legal para cambiar el sistema de elección a fin de que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a los futuros vocales. El PP sostiene la idea de pedir al órgano que se renueve ahora una propuesta de reforma del método actual para «despolitizar» el Consejo siguiendo las recomendaciones de Europa.

En aras de esa despolitización, los populares quieren que el pacto incluya el compromiso de no elegir «perfiles políticos» entre los aspirantes para acabar con las «puertas giratorias». «No tiene ningún sentido que un ministro que es magistrado pueda cesar y ser nombrado miembro del CGPJ o volver a su juzgado, a la Audiencia Nacional o a una sala del Tribunal Supremo», reflexionó ayer Feijóo en un foro organizado por 'Las Provincias'.

Los conservadores quieren también que todos los nombramientos en el seno del Consejo sean por mayoría reforzada y no simple como hasta ahora. Un compromiso que en el entorno del líder del PP aseguran haber arrancado al Gobierno y con el que se asegurarían que la nueva mayoría progresista del órgano constitucional tuviera que pactar además con la parte conservadora cualquier dictamen o resolución. El Gobierno prefiere guardar silencio e insiste en que «hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada». Lo único que en Moncloa han avanzado es que, de llegar a un acuerdo, «habrá un documento por escrito» como reclama desde hace días Feijóo.