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Ramón Gorriarán y cristian reino
Madrid | Barcelona
Lunes, 23 de diciembre 2019, 14:46
Esquerra confirmó este lunes que tiene cerrado un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Pero no lo va a hacer público hasta que la Abogacía del Estado haga pública su postura sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea que reconoció la inmunidad de Oriol Junqueras. Un informe que se esperaba este lunes pero que los servicios jurídicos no lo dieron a conocer. Tienen de plazo hasta el viernes.
«Quedan algunos flecos», apuntó por primera vez la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, que hasta ahora había mantenido una posición menos optimista hacia el pacto que los socialistas. Esquerra, desde que se conoció la resolución del tribunal de Luxemburgo el pasado jueves, había endurecido su discurso respecto a las posibilidades de acuerdo. Pero todo apunta a que era una postura calculada ante el congreso que celebró este sábado, al que la dirección de ERC no quería llegar con la sensación de que tenía todo cocinado con el PSOE.
Negociación PSOE-ERC
Miguel Ángel Alfonso
Miguel Ángel Alfonso
En los últimos días no se han producido encuentros físicos entre ambas partes pero los «contactos informales», y el intercambio de llamadas y de documentos ha sido intenso, según reconocen desde ambos lados de la negociación. El cruce ha debido ser fructífero, sobre todo en el apartado de la mesa entre la Moncloa y la Generalitat, que era el principal punto de desencuentro, pero que parece solventado aunque nadie quiso dar pistas sobre su composición ni sobre la fórmula jurídica que blindaría sus conclusiones.
La segunda parte de la ecuación, la posición de la Abogacía del Estado sobre Junqueras, también parece encaminada. Esquerra es muy clara, su visto bueno dependerá de que los servicios jurídicos reconozcan la inmunidad de Junqueras y pidan al Supremo su libertad para recoger su acta como eurodiputado. Pues bien, en el Gobierno dan por sentado que la Abogacía va a mantener la misma posición que defendió el pasado 10 de junio. Esto es, que el líder de Esquerra tiene derecho a recoger su acreditación. El debate está en los detalles. ¿Esto significa que podrá ir a Bruselas? ¿Escoltado o no? ¿Quedará en libertad hasta que el Parlamento Europeo resuelva un hipotético suplicatorio sobre su situación procesal?
«Exigimos el reconocimiento de su inmunidad y de que no ha recibido un juicio justo. Esto quiere decir la nulidad del juicio y la libertad de Oriol Junqueras», afirmó Vilalta. Esto es el discurso público. «Le decimos al Estado que tiene una oportunidad de abandonar y evitar el camino de la judicialización», remató. En privado, los dirigentes de Esquerra son menos rotundos y aceptarían que la Abogacía se reafirme en el criterio de junio y que solicite que se cumpla el fallo de Luxemburgo.
Pero lo que «no puede ser -avisó la portavoz de Esquerra- es que la doctrina de Junqueras sirva para todo el mundo menos para el propio Junqueras», en clara alusión a las ventajas políticas que disfrutan ahora Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos tras la resolución sobre el líder de Esquerra del tribunal europeo. Los republicanos obvian, sin embargo, una diferencia fundamental, que el futuro de Junqueras depende del Supremo, y en el de Puigdemont y sus colaboradores el Parlamento Europeo tiene cogida la sartén por el mango.
Pese a todo, fuentes del partido independentista dan casi por concluidas las negociaciones y señalan que la próxima reunión con el PSOE, que no tiene fecha, debería servir para escenificar en público el acuerdo. El diputado republicano en el Congreso Joan Josep Nuet habló este lunes de que el pacto era cuestión de «horas o días». Vilalta, en cualquier caso, insistió en que «no es cuestión de fechas», sino de contenido y de cerrar un buen acuerdo.
Tras el encuentro, que podría celebrarse este mismo viernes (el 26 es festivo en Cataluña), ERC debería convocar a su consejo nacional para que ratificara la abstención en la votación de investidura. Sus previsiones apuntan a un debate entre el 2 y 5 de diciembre. En la Moncloa se aferran al calendario del 27 y 30 de diciembre.
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