Los diputados podrán hablar en asturiano en el Congreso si se autotraducen

Estaba previsto, en principio, que las lenguas cooficiales se estrenasen el 26 de septiembre, cuando se inicia la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha acelerado los trámites para que el uso de estos idiomas esté permitido ya en los plenos de la semana que viene. En uno de ellos, precisamente, se votará la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, cuya fecha se trasladará a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Junta que celebrarán hoy.

Esta fue una de las condiciones que el 17 de agosto plantearon los grupos independentistas de ERC y Junts para apoyar la elección de Armengol y garantizar también una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara de PSOE y Sumar. Sin embargo, las dudas de cómo se llevarán a cabo las labores de traducción e interpretación se mantienen por ahora por la falta de medios humanos para garantizarla en la sede parlamentaria, sobre todo en tan corto lapso.

La semana pasada, la propia Armengol estudiaba la posibilidad de que los diputados que así lo desearan intervinieran, primero, en uno de los idiomas cooficiales y, posteriormente, repitieran el mismo discurso en español. Sin embargo, fuentes parlamentarias trasladan que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada desde el martes, puesto que el Congreso contratará, de forma provisional, a los traductores que estime oportunos de entre el grupo de 25 intérpretes a los que recurre habitualmente el Senado. Una posibilidad que ya adelantó este periódico la semana pasada. Eso sí, si algún diputado quiere hablar aranés, asturiano o aragonés deberá autotraducirse, ya que la Cámara alta no dispone de recursos para trasladarlos al español.

El Congreso, que cuenta en su plantilla con tres intérpretes de inglés, alemán y francés, también dispone de auriculares para que todos los presentes en el hemiciclo (no solo parlamentarios sino también las taquígrafas, periodistas, invitados o público) puedan entender a todos los oradores. Estos ya se han utilizado durante las visitas de invitados internacionales pero, con el desembarco de las lenguas cooficiales, está previsto adquirir más.

Sobre la legalidad de estas contrataciones, desde el grupo socialista argumentan que cuentan con plena cobertura jurídica gracias al acuerdo de la Mesa. Tampoco aprecian ningún problema administrativo para un desembolso que se enmarca dentro de los denominados 'contratos menores' (inferiores a 15.000 euros si son de suministro o servicio). De hecho, explican, esperan seguir el mismo funcionamiento que el Senado donde se contrata a los traductores pleno a pleno. Sobre la posibilidad de que la Cámara baja cuente con un cuerpo estable de intérpretes, aún no se ha estudiado dicha posibilidad.

Pese a la pronta implantación de la medida y del despliegue de recursos, los servicios jurídicos del Congreso, albergan dudas sobre el trámite legal que se está recorriendo para facilitar el uso de estas lenguas. Consideran «muy difícil, si no imposible», aplicar «de forma inmediata o a corto plazo» la reforma del Reglamento y avisan de que su puesta en práctica obligaría a «replantear todos los procedimientos parlamentarios» tal y como están concebidos actualmente.