La defensa de Castillejo, a favor de suspender juicio hasta el alta de Villa

El abogado Alfredo García López ha confirmado a Efe que el ingreso hospitalario de Fernández Villa, en la unidad de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en la noche del pasado viernes, día 29 de junio, es un motivo «suficiente» para la suspensión de la vista oral por «la cuantía de la pena y el delito que se le imputa».

Fernández Villa afronta una petición fiscal de cinco años de prisión por la presunta apropiación indebida de 434.158 euros de los fondos del sindicato; pena que la acusación particular, ejercida por el SOMA, eleva a seis años de cárcel.

«Fernández Villa tiene que estar presente. El juicio no puede desarrollarse sin la presencia del acusado con la pena que se le pide», ha ratificado el abogado.

Aunque la abogada defensora de Fernández Villa, Ana García Boto, interesará la suspensión de la vista oral «con toda probabilidad», según ha explicado el letrado Alfredo García, la decisión queda en manos del tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo que tiene señalada la reanudación de la vista para mañana, lunes, con nuevas testificales.

«En principio tiene que ser Ana García Boto quien pida la suspensión, pero me imagino que la magistrada presidente del tribunal realizará la petición de suspensión de oficio, porque es imperativo y una garantía de rango constitucional», ha señalado el letrado.

Por otro lado, el abogado defensor de Pedro Castillejo considera que las declaraciones efectuadas por el ex contable Juan Cigales, en la tercera sesión del juicio celebrada el pasado viernes, ha venido a corroborar su línea argumental.

«En sus declaraciones, el testigo Juan Cigales reconoció que la contabilidad que él mostraba al patronato no es la real y eso demuestra que es falsa y, por tanto, viene a corroborar nuestra tesis», ha ratificado el abogado defensor de Pedro Castillejo.

El fiscal solicita para el ex secretario general de Infide una pena de tres años y medio de cárcel, mientras que el abogado Miguel García Vigil, que ejercita la acusación particular en representación del sindicato, eleva la petición a cinco años de prisión.

Pedro Castillejo está acusado de la presunta apropiación indebida de 119.434 euros.