Daniel Ripa, sobre la investigación del 'caso Hulla': «Esperemos que se llegue hasta el final»

La Fiscalía ha pedido al juez que traslade la causa abierta a todos los miembros de la corporación de Aller por los trámites aprobados para la construcción de la residencia La Minería al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada la condición de aforada de la exconcejala y actual portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada. De esta forma, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo deberá decidir ahora si eleva la causa al TSJA para que dicho órgano pueda tomar declaración a Mallada, la única de los concejales y técnicos de la corporación allerana investigados de la que no se ha tomado testimonio al ser diputada autonómica.

Según Ripa, los datos que aporta la Fiscalía en su escrito empiezan a dar la razón a la denuncia presentada en 2017 por Xente por Aller, marca local de Podemos en el concejo, sobre la presunta «corrupción urbanística» existente en la gestión de los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento y cedidos después al Montepío para que construyese con fondos mineros una residencia geriátrica.

El terreno se cedió ilegalmente y la residencia empezó y acabó de construirse sin licencias, «una barra libre» que, según Ripa, pudo acabar provocando que, posteriormente, los promotores de la instalación acabaran «metiendo la mano en la caja».

«Esperemos que se llegue hasta el final», ha subrayado Ripa tras advertir, en relación a la situación de Mallada que figura como investigada por un presunto delito de prevaricación junto al resto de concejales alleranos, de que en partidos como el PP «parece que estas cosas son motivo de ascenso».

Según la Fiscalía hasta el pasado mes de noviembre no se han practicado diligencias de instrucción relacionadas con la participación «directa» de Mallada, pero estima que, a raíz de las declaraciones que han prestado ante la juez instructora otros investigados y testigos, sí puede afirmar que existen «los elementos suficientes» para que la juez acuerde su falta de competencia objetiva y eleve la exposición razonada al TSJA.

Anticorrupción inició esta investigación después de que el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente de Montepío, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

La Fiscalía sostiene que en el Montepío tenían «la plena seguridad» de que desde el ayuntamiento no se pondría obstáculo alguno al desarrollo del proyecto, pese a que los terrenos elegidos para construir la residencia, por la normativa urbanística, no los hacía aptos al calificarlos como suelo no urbanizable y de interés agropecuario.

Anticorrupción recuerda en su escrito que el pleno aprobó por mayoría absoluta la cesión gratuita de la finca al Montepío, en 2009, de forma unánime pese a que la secretaria general informó desfavorablemente.

La Fiscalía solicita que la investigación se extienda a la corporación que estaba integrada por siete concejales del PSOE -que gobernaba el ayuntamiento-, otros siete del PP, y los tres concejales con que contaba IU, así como al propio José Antonio Postigo.