La crisis del coronavirus abre una nueva vía de agua en el Gobierno de coalición

La titular de Trabajo defendió que el protocolo «simplemente recoge las normas españolas», pero sus palabras fueron contestadas desde Moncloa con un llamamiento a la unidad de todos los ministerios bajo el paraguas del gabinete de crisis que depende de Sanidad. «Todo el Gobierno sigue las indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad, que se basan en un seguimiento constante de la situación, transparencia informativa, toma de decisiones de acuerdo a la evidencia científica y coordinación total entre las distintas administraciones del Estado».

Con la oposición poco beligerante ante la gestión gubernamental de la epidemia, el rifirrafe no hubiera pasado de anecdótico si no fuera porque se solapó con el fuego cruzado del día anterior a cuenta del anteproyecto de la Ley de Libertades Sexuales -elaborado por el Ministerio de Igualdad y aprobado en el Consejo de Ministros del martes-. Pese a que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, intentó zanjar la disputa con el argumento de que no hay leyes de unos u otros sino de todo el Ejecutivo, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, reprochó que «cuando las mujeres redactan una ley (en clara alusión a su compañera Irene Montero) parece que hace falta que venga un machote (el ministro de Justicia Juan Carlos Campo) y te diga: ven que ya te la arreglo yo y te explico cómo hay que hacer las cosas».

No fue el único miembro de Unidas Podemos en lanzar dardos. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, apuntó en una entrevista en la Cadena Ser que «¿no hay un poco de machismo en pensar que la gente que está en otros ministerios, corrige a las niñas que están en el Ministerio de Igualdad?». Para evitar que la cizaña creciera, la ministra de Igualdad tuvo que negar ayer en un acto en Sevilla que exista división en el Ejecutivo. «La ley no divide y tiene el consenso del Gobierno», insistió pese a la evidente disensión.

Pero no fue solo el coronavirus o la ley de Irene Montero, el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado durante la guerra de Irak en 2003, también tensó las cuerdas. Unidas Podemos anunció que seguiría «trabajando para que a la viuda, hijos y familia les sea reparado el daño causado».

Tampoco contribuyó a calmar las aguas la intención de la formación de Pablo Iglesias de enmendar en el Congreso el proyecto de ley de educación, pese a existir un acuerdo expreso para no hacerlo. Las diferencias sobre las entregas en caliente de inmigrantes habían subido asimismo unos días antes las temperatura.

La luna de miel del primer mes parece haber terminado. En esas semanas, Iglesias reconoció que tuvo que «tragarse algún sapo», como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado para «fomentar una cultura de la coalición en España». Una actitud que ha pasado a mejor vida cuando no se han cumplido los dos meses de andadura.