El Principado pierde 140 millones en ingresos por la crisis del coronavirus

Las consecuencias del coronavirus ya se dejan notar en las arcas del Principado, que trabaja con una primera estimación de una caída de 140 millones de euros en el capítulo de ingresos de un presupuesto que asciende a 4.757. Fue la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, la que ofreció la cifra esta mañana durante su comparecencia telemática ante el grupo de trabajo de la Junta para el análisis de la evolución de la crisis del COVID-19. El retroceso en las previsiones de ingresos vienen por tres vías, la primera la del estado. El cálculo de las entregas a cuenta, parte del dinero que las autonomías perciben del sistema de financiación, se realiza a finales de año en base a las previsiones económicas del ejercicio siguiente.

En los últimos meses de 2019 nada hacía prever un parón casi total de la economía, que tendrá graves consecuencias en las arcas públicas y que deja ya una previsión a la baja de 80 millones de euros en las cuentas asturianas por este concepto, después de actualizar el cálculo con el nuevo escenario macroeconómico. Los otros dos grandes capítulos de merma de ingresos para Asturias llegarán por la menor recaudación de los tributos propios y cedidos, con una primera estimación de 30 millones de euros, y por los 30 millones de euros que el Estado tenía previsto transferir a la región para financiar la formación para el empleo y que se van a destinar a sufragar otro tipo de prestaciones.

Mientras los ingresos caen, las aportaciones extraordinarias de recursos no acaban de llegar. Según explicó la consejera de Hacienda, el Estado ha transferido hasta ahora 14 millones de euros que se destinarán a Salud y Bienestar Social, la única partida con la que hasta ahora no contaba el Gobierno regional. Lo que sí ha llegado a las arcas asturianas son los fondos de la actualización de la entregas a cuenta, que en un ejercicio normal se transfieren en el segundo semestre del año y que en este 2020 se ha decidido adelantar para facilitar la liquidez de las autonomías. Los pagos se realizaron en los meses de marzo y abril y ascienden a 72 millones de euros, una cantidad que da un respiro a las cuentas regionales y que permite a Ana Cárcaba asegurar que el Gobierno asturiano no sufre «tensiones de tesorería».

Pero la aportación de nuevos fondos, de dinero no previsto al inicio del ejercicio, deberá llegar, al menos así lo cree la titular de Hacienda en Asturias, que confía en el Estado y la Unión Europea para recibir el capital necesario con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica. «La postura de Europa en esta crisis será clave. Esperamos una respuesta bastante mejor que la que se dio en la crisis anterior. Espero que nos haya servido de lección y que se demuestre que Europa existe y piensa en sus miembros», afirmó.

Mientras los ingresos caen y no se materializa la aportación de nuevos recursos no previstos, los ingresos se disparan. La primera estimación con la que cuenta el Principado de gastos «ya realizados» se eleva a los 54 millones de euros, 30 de ellos del ámbito puramente sanitario. Otros 15 millones pertenecen al ámbito sociosanitario, 5 a ayudas económicas y 1,5 a aspectos derivados de la implantación del teletrabajo en el ámbito del Principado. Las previsiones del Gobierno regional pasan, no obstante, porque esta cifra siga incrementándose, aunque la consejera evitó hacer públicos sus cálculos, ya trasladados al Gobierno, de cuál será el coste que esta crisis tenga para las arcas asturianas.

Con esta situación general el Principado trabaja ya en la reordenación de su presupuesto, que deberá sufrir cambios profundos. Hasta el momento, las diferentes consejerías trabajan en aclarar cuáles son los créditos de los que podrán prescindir este año para poder dedicar esas partidas al gasto sanitario y de reconstrucción de la economía. El siguiente paso que se baraja es la elaboración de un proyecto de ley en el que se recojan las modificaciones planteadas por el Gobierno y que se llevaría después a la Junta para su debate, un texto legal en el que se baraja también la posibilidad de incluir «bonificaciones fiscales» que «objetivamente» tengan relación con la situación actual. «Reordenar partidas no es sencillo ni agradable, ni para el Gobierno ni para los partidos que con su voto ayudaron a sacar adelante las cuentas», lamentó Ana Cárcaba.

Donde no se prevén grandes variaciones es en el ámbito fiscal. La consejera de Hacienda descartó «cambios sustanciales» en el modelo tributario, rechazando de plano rebajas en Sucesiones, pero también subidas en diferentes tributos. «Con tanta incertidumbre no es el momento de hacerlo».

Toda la política en materia de Hacienda del Principado cuenta con un especial condicionante, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la norma que constriñe las cuentas de las administraciones y que impone limitaciones al endeudamiento, el gasto y el déficit. La nueva situación económica hace previsible un aumento del gasto público y el endeudamiento para hacer frente a la crisis, pero el Gobierno hasta ahora no ha explicitado cuáles serán las condiciones en las que quedará la norma este año, por lo que el Principado desconoce cómo puede gestionar los tres parámetros que regula. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en declaraciones públicas que esa norma quedaba ahora en suspenso, pero no ha llegado a explicitarlo en un texto legal que dé cobertura al resto de administraciones. Esta situación ha llevado a Ana Cárcaba a firmar una carta el pasado 13 de abril en la que reclama a la ministra la definición de estos parámetros para poder actuar en función de los mismos. Una carta de la que aún no tiene respuesta.