La presión política obliga al Principado a estudiar la inclusión del comercio en el fondo de rescate

La explicación, sin embargo, no convenció en absoluto a la oposición, presentando Ciudadanos, Podemos y Foro alegaciones en contra, pero mucho menos al propio sector, que exigió una reconsideración por parte del Principado aduciendo que su actividad se ha reducido de forma notable por la falta de vida social y la caída del consumo. Ante estas críticas, fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno confirmaron ayer que «se está estudiando» ahora la posibilidad de volver a incluir al sector, que sí tuvo acceso a las ayudas repartidas con cargo al fondo de rescate de 2020. En todo caso, la decisión se enmarca en la negociación llevada a cabo con las fuerzas políticas que dijeron 'sí' a los presupuestos y con las que el Principado tiene previsto volver a reunirse este miércoles, o a más tardar el jueves, para cerrar la primera convocatoria de ayudas de este año e iniciar el proceso administrativo «cuanto antes».

PP y Vox, al margen de esta negociación, también han recriminado que, inicialmente, el comercio minorista se haya quedado al margen. De hecho, este lunes la presidenta popular, Teresa Mallada, y el portavoz adjunto del grupo, Pablo González, mantuvieron una reunión con representantes del sector de Oviedo, Gijón y Avilés para abordar esta cuestión.

El Principado tiene intención de sacar en breve una primera convocatoria con el grueso de la partida para adelantar, a través de un pago único, las ayudas mensuales correspondientes a los cinco primeros meses del año. Las ayudas dirigidas al denominado bloque uno, en el que se encuentran los sectores obligados a cerrar, irían desde los 900 hasta los 1.800 euros mensuales, en función del número de empleados; mientras que las del segundo grupo, dirigidas a quienes sufren restricciones por la pandemia, pero se mantienen abiertos, como es el caso de la hostelería, oscilarían entre los 600 y los 1.200 euros al mes, tal y como adelantó ELCOMERCIO el pasado viernes.

El tercer bloque, los afectados indirectos, como los taxistas, cobrarían ayudas de entre 300 y 600 euros mensuales. Todos recibirían también un plus en el caso de disponer de más de un local.

Otra de las reivindicaciones en relación a este fondo es que aquellos empresarios que hayan contraído deudas con la Administración como consecuencia de la pandemia no se queden fuera de la convocatoria, para lo que el Principado asegura que ya ha reclamado al Gobierno central una modificación de la ley de subvenciones. No conforme con esto, Foro registró ayer una proposición no de ley para «instar al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de España que realice la modificación pertinente», de manera que «todos aquellos afectados por las restricciones puestas en marcha para frenar la expansión del coronavirus puedan acceder a las indemnizaciones aunque tengan deudas con las Administraciones».