El constructor del geriátrico admite que asumió la obra antes de su adjudicación

La defensa del constructor, a cargo del letrado Miguel Valdés-Hevia, argumenta que «mostrar interés por una obra no es delito» y que, además, su cliente puede demostrar -presentó ayer un informe pericial de mil folios y cuatro carpetas con documentación- cada uno de los movimientos bancarios que realizó en aquella época. «Se puede hacer una trazabilidad de todo el dinero», declaró el letrado a la salida del juzgado. Sin embargo, para el abogado de Ocan, Alberto Suárez, existen en la declaración del investigado numerosas lagunas. «No nos ha dado una explicación razonable de por qué un presupuesto que partía de 10 millones se incrementó hasta los 30 millones». Ni tampoco, añadió el letrado de la acusación popular, cuál es el motivo por el que ejerció de «comercial» de Cuencas Mineras Televisión, instando a los proveedores -algunos aseguraron en su declaración inicial ante la Guardia Civil que se sintieron obligados- a pagar hasta 33.000 euros en publicidad cuando, según la declaración del propio constructor, nunca llegó a tener ningún tipo de competencia en ella.

Los fiscales de Anticorrupción, Ignacio Stampa y Carmen María García Cerdá, mostraron sin embargo más interés en pedir explicaciones al investigado en relación al plano más urbanístico. Les chirría que la obra comenzara en mayo de 2009, antes de que entrara en vigor la reforma del real decreto que permitió que esta actuación pudiera ser financiada hasta el 100% por los fondos mineros, y antes incluso de que el Ayuntamiento de Aller concediera la licencia de obra, que llegaría en septiembre de 2010. Para entonces la empresa Alcedo de los Caballeros ya había emitido 17 certificaciones de obra que superaban el presupuesto inicial del proyecto. Una cuestión sobre la que también preguntaron los fiscales y que el empresario trató de normalizar, si bien sí reconoció irregularidades en una de las certificaciones.

Ayer también estaba llamada a declarar Daniela Rodica Timis, investigada en el caso por beneficiarse de un supuesto contrato ficticio para la limpieza del residencial del Montepío en Los Alcázares (Murcia). Se acogió a su derecho a no declarar.