El constructor del 'caso Hulla' cifra su beneficio en un 31,9%, frente al 51% que afirma la Guardia Civil

El informe de Ortiz, firmado el 22 de marzo de 2017, se basa en el estudio de 209 partidas (que representan un 41,6% del presupuesto) y resuelve que existió en la obra un sobrecoste del 51%, pero también advierte de dobles certificaciones por un mismo concepto y de desajustes en la documentación, al no coincidir algunos pagos a los proveedores con el presupuesto de liquidación. El perito ratificó su documento el pasado 3 de abril ante la jueza Begoña Fernández y los fiscales de Anticorrupción, el mismo día que el constructor declaró durante unas cuatro horas a petición propia para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él. Sus abogados presentaron un informe pericial de la obra y extensa documentación contable para avalar sus palabras.

El informe de la defensa está firmado por el arquitecto Rafael Beca de Lafuente y el arquitecto técnico José Antonio Mazoy. El bufete Hevia-Valdés tiene intención de solicitar su declaración en el juzgado para que expliquen en calidad de peritos sus discrepancias con el informe de la Fiscalía que, afirman, «no se corresponde con la realidad final de la obra». En primer lugar, anotan, porque en las 209 partidas que analiza adquieren gran peso los capítulos de carpintería, electricidad y climatización, en los que «existen grandes diferencias de importe entre el presupuesto y el precio obtenido en FECEA (Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias)». Argumentan que «si se extrapola el resultado al resto de la obra se está imputando a todas las partidas sin analizar la notable desviación que -según el perito de la defensa- solo concurre en ese grado en los tres capítulos indicados». El informe pericial registrado por la defensa en el juzgado analiza, para evitar este tipo de extrapolaciones, el total de las partidas del presupuesto de liquidación, «cada una con la desviación que le corresponde». Concluye que el importe de ejecución material (que no incluye gastos generales de obra y el beneficio industrial) asciende a 20,9 millones de euros, y que el conjunto de gastos generales y beneficio industrial suman 9,8 millones. Esto, defienden, supone un 31,9% sobre el coste total, lejos del 51% que plantea la Fiscalía.

El documento concluye que el coste de ejecución del material, y por extensión, el de ejecución por contrata analizado, «se mantiene dentro de unos márgenes razonables». Según sus cálculos, el coste del citado geriátrico es de 1.628 euros por metro cuadrado edificado (30,79 millones/18.913 metros) y si se descuenta la urbanización quedaría en 1.519 euros el metro cuadrado. El propio perito designado por la Fiscalía reconoció a preguntas del abogado José Miguel Pellitero, del bufete Hevia-Valdés, que el precio medio de un equipamiento de este tipo ronda los 2.000 euros el metro cuadrado.